La exigencia de la Unión Europea y de otros organismos como el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es que Panamá pueda ser más transparente en el tema fiscal, en cobrar impuestos a las empresas internacionales que operan en el país y no ser un refugio de sociedades dumientes o de maletin que se refugian en el istmo para evadir impuestos en Europa y otras regiones, además de cumplir con los requerimientos de intercambio de información automático y a requerimiento cuando se necesite.
Parte de los cambios radican en modificar el Código Fiscal para incluir la llamada sustancia económica, es decir, que las empresas o personas jurídicas demuestren que operan efectivamente en el país, con oficinas, empleados y una actividad comprobada.
El tema fue parte de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE) en los que se repasó los pasos que ha dado el país para lograr la exclusión de la lista de paraísos fiscales en octubre de 2026.
Ubaldo Jesús González de Frutos, especialista en temas tributarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó que el país va en buen camino y es clave que logre este año la modificación de su código fiscal.
Precisó que la sustancia económica implica que las empresas y entidades constituidas en Panamá no sean meros “buzones” o estructuras sin operaciones reales, sino que deben demostrar que llevan a cabo actividades significativas dentro del país. Esto significa que deben contar con activos, personal clave y decisiones empresariales que se tomen efectivamente en Panamá.
Recalcó que para la Unión Europea, es crucial que estas entidades demuestren que la renta generada tiene una base real en el país, y no solo una estructura ficticia que se utiliza para evadir impuestos.
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Por otra parte, explicó que las sociedades durmientes, una de las principales exigencias del Foro Global de la OCDE, han sido un obstáculo para la transparencia de Panamá, ya que muchas de estas entidades no presentan registros actualizados o no están activamente operando, lo que impide un intercambio efectivo de información. Esta situación ha generado preocupaciones sobre la capacidad de Panamá para cumplir con los requisitos de cooperación internacional.
Reconoció que en los últimos meses se ha trabajado para depurar la lista de sociedades. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, al cierre de marzo se habían disuelto 180,346 personas jurídicas, equivalentes al 62% del total previsto para ese grupo.
Por otra parte, el experto del BID comentó sobre la necesidad de recaudar más impuestos en Panamá para asegurar un sistema fiscal más equilibrado y sostenible con el gasto público que permita reducir el tamaño de la deuda.
Recalcó que Panamá recauda actualmente alrededor del 7.5% del PIB, y con los ingresos derivados del Canal, la cifra llega a un 12%. Sin embargo, subrayó que aún depende en gran medida del endeudamiento para financiar el gasto público, lo cual no es ideal a largo plazo.
En su análisis, González de Frutos sugirió que una posible solución sería un incremento en la imposición a la renta, especialmente en el sector corporativo, para equilibrar mejor los ingresos fiscales. Además, mencionó que las cotizaciones sociales son una de las principales fuentes de recaudación en el país y que este pilar también puede jugar un rol importante en la mejora del sistema fiscal, siempre que se gestione de manera adecuada.
