El fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la concesión de Panama Ports Company marcó un punto de inflexión en la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Pese a ello, la filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison insiste ahora en abrir una mesa de negociación para evitar lo que califica como un eventual “caos” operativo.
En contraste, el presidente José Raúl Mulino ha dicho que la decisión es definitiva, debe acatarse y que el Estado garantizará la continuidad del servicio mientras avanza hacia un nuevo esquema de concesión.
En palabras de Mulino, los fallos de la Corte Suprema de Justicia son únicos, definitivos y finales.
Durante una entrevista radial en el programa Noticias 180 minutos con Álvaro Alvarado, Alejandro Kouruklis, asesor legal y vocero de la compañía PPC, aseguró que existe margen para alcanzar una solución dialogada antes de que el fallo sea publicado en la Gaceta Oficial y entre en firme.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato de concesión firmado el 16 de enero de 1997 entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
La decisión del Pleno se conoció el 29 de enero, cuando el Órgano Judicial confirmó el fallo que deja sin efecto la Ley 5 de 1997 y sus adendas, al considerar que vulneran varios artículos de la Constitución y que la prórroga automática del contrato carecía de sustento legal.
Kouruklis advirtió que la decisión judicial, de ejecutarse sin un acuerdo de transición, tendría efectos inmediatos sobre la operación de los puertos.
Pero hay que recordar que el presidente Mulino precisó que el Gobierno garantizará la continuidad operativa de los puertos, mientras se diseña un nuevo proceso de concesión bajo reglas distintas.
El exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, fue designado como encargado del proceso de transición de los puertos.
Kouruklis en la entrevista insistió en que “las consecuencias inevitables serían una paralización de los puertos de Balboa y Cristóbal”, sostuvo al indicar que no se podría movilizar ningún contenedores ni atender ningún buque y los seguros no podrían cubrir la operación.
El Gobierno ha dicho, por su parte, que el plan contempla la designación de un operador temporal (APM Terminals, filial de Maersk) mientras se prepara una nueva licitación pública.
Al declararse la inconstitucionalidad del contrato ley y sus adendas, la operación de PPC quedó sin un sustento legal. El pleno de la CSJ recalcó que el efecto de esta decisión de inconstitucionalidad debe interpretarse en el sentido de que no existe concesión.
Kouruklis reiteró la voluntad de la empresa de dialogar con el Ejecutivo e incluso dejó abierta la posibilidad de discutir una eventual salida negociada.
Pero Mulino ya tiene un proyecto. Hace poco señaló que el Gobierno proyecta concesionar las terminales de forma independiente. “Seremos soberanos sobre los puertos, sí. Bajo otro esquema, sí”, dijo en aquel momento.
Por otro lado, aseguró que el Ejecutivo defenderá los intereses del país durante el proceso de transición, subrayando que la decisión de la corte es única, definitiva y debe acatarse.
