Una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) concluye que $36.01 millones de los $42.4 millones en créditos fiscales utilizados por BAC International Bank (Panamá) para compensar obligaciones tributarias entre 2022 y 2025 corresponden a operaciones que considera improcedentes e ilegítimas.
La Prensa tuvo acceso a un informe técnico de dicha auditoría, fechado el 9 de octubre de 2025, en el que se describe cómo un grupo de funcionarios de la propia DGI, con distintos niveles de acceso al sistema e-Tax 2.0, habría liberado, modificado y aprobado créditos fiscales que la institución considera falsos.
En la investigación se analizaron específicamente los ajustes identificados con el número 394 (Compensación–Cesión) aplicados a favor de BAC durante un período de tres años.
Según el documento, la red habría transformado registros fiscales antiguos o créditos inexistentes en beneficios tributarios que posteriormente fueron utilizados por el banco para compensar obligaciones tributarias. La investigación interna consta de 17 expedientes y más de 5,000 folios de evidencia, en los que se detalla cómo la red de funcionarios manipuló sistemáticamente la plataforma e-Tax 2.0 para generar créditos fiscales ilegítimos.
En ese informe de auditoría se señala que BAC Panamá utilizó $42.47 millones en créditos fiscales para compensar obligaciones de ITBMS entre 2022 y 2025. Básicamente, en la era de Publio De Gracia, al frente de la DGI, y mientras se descubrían las operaciones de la red, durante la actual administración, bajo la administración de Camilo Valdes.
De ese total, la auditoría concluye que $36.01 millones corresponden a operaciones que considera improcedentes e ilegítimas por presuntas irregularidades en su origen.
La investigación se concentra en el papel desempeñado por funcionarios de la DGI y en el recorrido que siguieron los créditos fiscales hasta su utilización por el beneficiario final.
Aunque las investigaciones del Ministerio Público describen una red integrada por funcionarios, abogados, intermediarios y sociedades utilizadas para canalizar las operaciones, el informe técnico se limita a reconstruir las intervenciones realizadas dentro del sistema e-Tax 2.0 y las compensaciones efectuadas con esos créditos.
Las alarmas se encendieron en mayo de 2025, cuando la Sección de Agentes de Retención de la DGI solicitó una revisión al detectar que BAC estaba compensando sus obligaciones de ITBMS mediante créditos fiscales, en lugar de pagarlas en efectivo. Esa alerta dio paso a la auditoría que terminó examinando las cesiones registradas a favor del banco entre 2022 y 2025.
El banco ha remarcado que adquirió los créditos fiscales “de buena fe”, y que estos aparecían registrados oficialmente en la cuenta corriente tributaria de la DGI y las operaciones pasaron por revisiones legales, fiscales-contables, de cumplimiento y contractuales antes de ser realizadas.
Desde la entidad bancaria han insistido en que ha preservado evidencia y trazabilidad, incluyendo contratos, soportes de acreditación ante la DGI, comprobantes de pago y documentación de debida diligencia.
Ante el volumen de las operaciones vinculadas con la investigación, La Prensa preguntó al banco cómo era posible que dichos créditos hubieran superado sus procesos de debida diligencia; si existía algún mecanismo para confirmar directamente con el contribuyente original que realmente había cedido el crédito fiscal, y si consideraba suficientes sus controles internos para una operación de esa naturaleza.
Lea la versión completa del banco: BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’
En respuesta a un cuestionario de La Prensa, el BAC dijo que no generó ni certificó los créditos fiscales. “Los créditos eran ofrecidos por intermediarios, y su validez dependía de la revisión y aprobación de la Dirección General de Ingresos. El banco realizaba sus verificaciones sobre las partes involucradas y pactaba contractualmente que el pago se haría únicamente cuando el crédito fuera reconocido y reflejado en el sistema e-Tax”.
Indicaron que la manipulación del sistema e-Tax por parte de terceros ajenos al banco permitió que créditos fraudulentos fueran acreditados oficialmente, generando una apariencia de legalidad que engañó tanto a los controles estatales como, por consiguiente, a los de cualquier empresa.
De acuerdo con la explicación de la entidad bancaria, estos créditos no superaron sus procesos de debida diligencia y control, sino que fueron validados por el sistema estatal, lo que afectó a BAC como adquirente de legítima confianza de un instrumento financiero legalmente permitido.
La compra y cesión de créditos fiscales es una operación permitida por la legislación tributaria. Un contribuyente con un crédito a su favor puede transferirlo a un tercero, que posteriormente lo utiliza para compensar el pago de sus impuestos, siempre que el crédito haya sido reconocido y registrado por la DGI. En este caso, sin embargo, la auditoría concluye que el esquema se gestó desde el interior de la propia institución. Los funcionarios llamados a proteger la principal fuente de financiamiento del Estado ( los impuestos) y a cerrar el paso a la evasión y al fraude habrían utilizado sus accesos al sistema tributario para hacer exactamente lo contrario.
En el esquema investigado, las pesquisas apuntan a funcionarios que emitían créditos falsos, los cuales eran asignados a sociedades canasta para que, luego, firmas de abogados e intermediarios revendieran los créditos a empresas —entre ellas, entidades bancarias— que los utilizaban para compensar el pago de impuestos.
El exjefe del departamento de Cuenta Corriente, Eduardo Armando Silvestre López, con cerca de 20 años de ejercicio y uno de los funcionarios que ahora está colaborando con el Ministerio Público, ha estado explicando cómo operaba la red, tras varias detenciones que se han dado por este caso, desde marzo de este año. Primero, el caso cayó en la Fiscalía Anticorrupción y luego en la Fiscalía de Crimen Organizado.
El primer escalón
La primera ruta consistía en “rescatar” valores que permanecían registrados en la plataforma tributaria como pagos anteriores no utilizados.
Según la auditoría, funcionarios con acceso al sistema e-Tax 2.0 procesaron anulaciones de declaraciones de Impuesto Sobre la Renta relacionadas con operaciones de ganancias de capital o venta de acciones correspondientes a los años 2007 a 2011.
Al anularse esas declaraciones, las boletas de pago asociadas quedaban disponibles nuevamente y eran trasladadas a una categoría denominada “créditos no aplicados”.
Empresas como Thunderbird Resorts Inc., Enel Investment Holding y Citibank Overseas, originalmente habían efectuado pagos tributarios años atrás, pero sus registros posteriormente fueron manipulados para liberar esos montos. Ellas resultaron afectadas.
Un hallazgo particular en este caso es que los funcionarios modificaron los correos electrónicos originales de las empresas por cuentas genéricas.
De esta manera, cuando se iniciaba un trámite de cesión de crédito multimillonario, las notificaciones de seguridad nunca llegaban a los dueños legítimos de las empresas, sino a la red de corrupción que controlaba el acceso. Según el informe, el 57% de los correos electrónicos analizados en una de las modalidades presentaba esta alteración.
Segundo paso: Sociedades canasta para ocultar el recorrido
Una vez liberados los créditos, estos no siempre eran transferidos directamente al beneficiario final.
La auditoría describe un esquema de “cascada”, en el que los créditos pasaban por varias sociedades. Estas empresas funcionaban como vehículos intermediarios o “sociedades canasta” para recibir, fragmentar, trasladar y volver a ceder créditos fiscales, creando una cadena que hacía más complejo identificar el origen real del beneficio.
Entre las sociedades mencionadas en el expediente aparecen: Bonay International Holding S.A., Servicios de Asesoría y Administración Jurado S.A.
El informe destaca que varias de estas sociedades estaban suspendidas o disueltas en el Registro Público, una condición que limita su capacidad legal para realizar operaciones comerciales o disponer de activos. Sin embargo, dentro de e-Tax 2.0 pudieron tramitar cesiones de créditos millonarios.
Tercer eslabón:declaraciones manipuladas
La tercera modalidad se concentró directamente en el impuesto ITBMS.
De acuerdo con la auditoría, se presentaron declaraciones extemporáneas, algunas con hasta 10 años de atraso, en las que se inflaron saldos favorables mediante registros que los investigadores consideran inconsistentes.
El mecanismo consistía en declarar compras sin una correspondencia real con ventas, generando artificialmente saldos a favor. Posteriormente, esos créditos eran cedidos.
La DGI no solo describe el mecanismo, sino que también identifica a los funcionarios que, por sus cargos, tenían acceso para intervenir las operaciones investigadas. Los clasifica en dos niveles: analistas, responsables de procesar trámites dentro del sistema, y aprobadores, quienes validaban las operaciones para su ejecución.
En el primer grupo aparecen Betzy Rodríguez Alvarado, Addies Castillo, Dumas Pinto M., Margie Sarith Caballero Brown, Lupo González, Irene Cumbrera, Vielka Yadira Sáez Cano, Daira Itzel López Castro y Migdalia J. Quirós C.
Entre los aprobadores se menciona a Eduardo Armando Silvestre López — jefe de Cuenta Corriente—, Ninoska Elizabeth Herrera Acevedo, Elodia Yamileth De León Julio, Sinia Sánchez y Juana Elida Chong Hernández.
Aunque las cesiones se ejecutaron entre 2022 y 2025, los créditos utilizados provenían de la manipulación de documentos fiscales con más de 10 años de antigüedad, incluyendo declaraciones de renta de los años 2007, 2008, 2010 y 2011.
Se ha conocido que las investigaciones internas en la DGI continúan.
