La reforma propuesta al Código Fiscal sigue generando opiniones y debate en el ámbito legal, principalmente por la incorporación del concepto de sustancia económica para exigir a las empresas multinacionales internacionales que demuestren presencia real en el país. Además, se incluye el tema de imponer una tasa del 15% a las compañías que no lo demuestren.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha defendido la reforma para eliminar los problemas con "empresas de papel" que buscan eludir impuestos, pagar menos en otros países e incluso en Panamá, excusándose en que tienen presencia en el istmo. Además, la reforma es clave para que Panamá pueda salir de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.
Aunque los expertos legales coinciden en que se debe regular la presencia de las empresas internacionales, salir de la lista y evitar irregularidades fiscales, también indican que debe evitarse que la reforma afecte la llegada de inversiones y recomiendan debatir bien la reforma antes de aprobarla.
Ramón Anzola, presidente de la Asociación de Abogados Internacionalistas, destacó la importancia de lograr un equilibrio en la reforma propuesta al Código Fiscal.
“Yo creo que aquí el tema es lograr el balance en cómo hacer estas reformas para atraer inversión nueva que de otra manera no hubieran venido al país, y que puedan ver en estas disposiciones un ecosistema robusto y saludable y necesario para hacer negocios”, sostuvo en entrevista con La Prensa.
Anzola, quien es socio de la firma Anzola, Robles & Asociados, resaltó la necesidad de una colaboración estrecha entre el regulador, el Estado y el sector privado para implementar reformas efectivas.
“Soy un fiel creyente en que si las cosas se regulan bien, con mucho detalle y en una colaboración estrecha entre el regulador, el Estado y el sector privado, los usuarios del sistema, entendiendo cada uno cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los riesgos que quieren mitigar”.
Reforma del ‘Código Fiscal’ abre debate sobre las multinacionales
En su calidad de presidente de la Asociación de Abogados Internacionalistas, expresó su preocupación por la falta de proporcionalidad en las sanciones previstas en la reforma, especialmente en el caso de empresas que cumplan parcialmente con las nuevas normativas.
Anzola subrayó que una sanción del 15% de impuesto debería aplicarse solo a las empresas que no cumplen totalmente con las normas de sustancia económica, no a aquellas que cumplen en parte.
“Lo que ocurre es que ahora mismo, lo que dice la norma es que es 15% cumplas parcialmente o no cumplas. Y ahí es donde vemos que hay probablemente una distorsión, porque si una empresa cumple parcialmente, no puede ser sancionada igualmente que es una empresa que no cumplió del todo”.
Empresas internacionales pagarán 15% de impuesto en Panamá si no demuestran operación real
Sobre el impacto en las empresas multinacionales que están bajo la norma SEM (Sede de Empresas Multinacionales) o EMMA para empresas manufactureras, considera que la reforma no cambiaría la situación de las empresas, ya que las compañías cumplen desde hace años con la sustancia económica.
Por su parte, Eduardo Leblanc, socio fundador de SignatureLex, expresó en una carta enviada al presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, el diputado Eduardo Gaitán, que la reforma propuesta al Código Fiscal debe ser perfeccionada antes de su aprobación.
Destacó la importancia de que la legislación no solo responda a presiones externas o preocupaciones reputacionales, sino que también ofrezca seguridad jurídica, proporcionalidad tributaria y una implementación administrativa viable.
“Panamá necesita una respuesta normativa seria frente a los estándares internacionales que hoy exigen mayor coherencia entre beneficio fiscal y presencia económica efectiva. Sin embargo, precisamente por la importancia estratégica de esta reforma, estimo que el texto debe ser perfeccionado antes de su aprobación”, recomienda el exdefensor del Pueblo.
Leblanc hizo un análisis comparando las experiencias de Hong Kong y Singapur. Señaló que estas jurisdicciones no solo adoptaron medidas de sustancia económica, sino que también implementaron herramientas que reducen la incertidumbre para los contribuyentes.
“Lo relevante es que dichas jurisdicciones no se limitaron a endurecer el régimen; acompañaron sus ajustes con herramientas que reducen incertidumbre y permiten al contribuyente conocer si su estructura cumple con los parámetros exigidos”.
Adjuntos
Carta.pdfEn tal sentido, propuso la implementación de un mecanismo formal de “consulta anticipada vinculante” para que las entidades puedan consultar previamente a la autoridad tributaria sobre el cumplimiento de los requisitos de sustancia económica.
Igualmente, recomendó revisar la base gravable propuesta para las entidades no calificadas, sugiriendo que una tarifa fija del 15% sobre la renta bruta podría resultar desproporcionada, penalizando operaciones de bajo margen o estructuras legítimas.
“El establecimiento de una tarifa fija de 15% sobre la renta bruta puede producir resultados desproporcionados, castigar operaciones de bajo margen o estructuras legítimas con costos relevantes, e incluso generar sobreimposición en determinados supuestos”.
Leblanc también sostuvo que es importante dejar claras las competencias entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos para evitar confusión y asegurar la correcta implementación de la reforma.
