Existen 177 investigaciones de evasión fiscal en la Dirección General de Ingresos (DGI), que suman unos 300 millones de dólares, indicó la entidad dirigida por Publio de Gracia, en un comunicado.
De Gracia justificó la designación de cinco funcionarios que se encargarán de investigar la defraudación fiscal y aseguró que no se ha creado un nuevo organismo.
“Simplemente, lo que hemos hecho es transparentar quiénes son las personas que tendrían a cargo este tipo de investigaciones y garantizar que el próximo Gobierno y la Administración Tributaria pueda tener la capacidad necesaria para seguir persiguiendo la evasión fiscal”, sostuvo el director de la DGI.
De Gracia aclaró que no se ha creado una nueva jurisdicción ni una fiscalía, porque la DGI no tiene esas competencias; solo son funcionarios de instrucción de la sección de evasión fiscal de la institución, quienes ya trabajan en esa entidad y además han estado llevando las investigaciones en los últimos años.
Lo que se hizo, según el director de la DGI, fue informar a la ciudadanía quiénes son y cuáles son las facultades de estos funcionarios.
Explicó que esta figura existe en otras administraciones tributarias, tal es el caso del IRS Criminal Investigation, que es el equipo de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, con el cual coopera Panamá y que capacita a funcionarios de la DGI. De hecho, la próxima jornada de capacitación será en marzo próximo.
Adelantó que se creará una escuela para la investigación de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en Panamá, iniciativa que forma parte de la colaboración con Estados Unidos.
La designación de funcionarios que investigan la defraudación fiscal originó un debate público, pues se cuestiona que se les haya otorgado poderes absolutos, que van desde portar armas hasta realizar arrestos.
Esta semana se presentaron cinco demandas de nulidad en las que se pide la suspensión de las resoluciones que designan a estos funcionarios.
El abogado Ernesto Cedeño presentó las demandas ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, el pasado lunes 19 de febrero.
“La DGI está abierta a hacer mejoras o correcciones y darle tranquilidad a la gente”, dijo De Gracia, porque entiende que las normas deben modernizarse. Dijo que tiene pendiente una conversación con el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, y con miembros del Colegio de Abogados.
Según el informe preliminar de la DGI, para el mes de enero 2024, los ingresos corrientes reflejaron un total de 493.8 millones de dólares. De este total, 402.8 millones de dólares pertenecen a la recaudación de ingresos tributarios, 89.4 millones de dólares a ingresos no tributarios y 1.6 millones de dólares a otros ingresos corrientes.
Frente al presupuesto de este año, para el mes de enero 2024 los ingresos corrientes muestran un superávit de 16.5 millones de dólares y, en relación con el mismo periodo de 2023, presentan un aumento de 211.1 millones de dólares.
