La DGI presenta dos demandas contra el tribunal que reconoció el ‘injustificado’ crédito fiscal a Justo & Bueno

La DGI presenta dos demandas contra el tribunal que reconoció el ‘injustificado’ crédito fiscal a Justo & Bueno
Justo & Bueno llegó a tener hasta un centenar de sucursales en Panamá.

La Dirección General de Ingresos (DGI) presentó dos acciones contra la decisión del Tribunal Administrativo Tributario (TAT) que reconoció un crédito fiscal “injustificable” a favor de Inversiones Encanto, S.A., sociedad que operó en Panamá la cadena de tiendas Justo & Bueno.

Se trata de un amparo de garantías constitucionales y de una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el fallo del TAT del 26 de febrero pasado, que ordenó a la DGI reconocer un crédito fiscal de $20.2 millones a Inversiones Encanto por un supuesto arrastre de pérdidas en los periodos fiscales de 2016 a 2020. Además, el tribunal autorizó la cesión del mismo a la sociedad Quantex Management Corp.

“Dichas demandas están fundamentadas, entre otras razones de derecho, en que no se puede reconocer un crédito fiscal inexistente, ya que la resolución demandada es improcedente e ilegal, de allí que se haya pedido su revocatoria, que ante la inobservancia de los procedimientos y normas regulatorias, la misma ocasiona un grave perjuicio económico al fisco, y además, sienta un precedente funesto e inaceptable, en los procedimientos tributarios y fiscal que llevan a cabo las empresas contribuyentes”, señala una nota de prensa divulgada este miércoles por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La DGI ya se había negado a reconocer el crédito fiscal a Encanto y su consecuente cesión a Quantex, por considerar que el mismo es “inexistente” y, por tanto, la decisión adoptada por el TAT es “improcedente e ilegal”.

La entidad insiste en que dicho fallo debe ser revocado, ya que ocasiona un grave perjuicio económico al fisco “y, además, sienta un precedente funesto e inaceptable, en los procedimientos tributarios y fiscales que llevan a cabo las empresas contribuyentes”.

La resolución del TAT de febrero pasado fue avalada por los magistrados Rafael Brown y María Elena Moreno De Puy. El magistrado Anel Miranda salvó su voto, pidió respaldar a la DGI y advirtió que reconocer dicho crédito fiscal no es procedente, vulnera garantías fundamentales del debido proceso y crea un polémico precedente en materia tributaria.

La magistrada Moreno, además, tuvo vínculos con Quantex, ya que fue su agente residente, antes de ser designada en el TAT.

Lo mismo piensan los dirigentes de cinco gremios de contadores públicos autorizados (CPA). La semana pasada, opinaron (en una nota de prensa) que reconocer ese crédito fiscal a Inversiones Encanto es lesivo al Tesoro Nacional y crea un “precedente nefasto”, ya que el mismo abre la posibilidad “para que otras empresas puedan presentar recursos ante la autoridad tributaria de similar índole y obtengan un beneficio que no está contemplado en nuestra excerta legal tributaria, en perjuicio del Estado”.

Del mismo modo, el equipo que hace dos años quiso rescatar a los minisúper Justo & Bueno dijo desconocer que existiera un crédito fiscal a favor de Inversiones Encanto y advirtió que en los documentos que revisaron como parte de la reorganización conciliada no había ni una constancia al respecto. Tampoco saben quién es Quantex Management Corp.

El equipo, que integran el conciliador Aurelio Barría y los asesores Esteban López e Iván Zarak, considera que “cualquier beneficio obtenido por la empresa Inversiones Encanto debe formar parte de la masa que estaba sujeta a reorganización conciliada, en beneficio de los acreedores”.

Se desconoce qué recibirá Inversiones Encanto de Quantex, por la cesión del millonario crédito fiscal.


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