El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, señaló que el 70% de los ingresos del Estado proyectados para 2025 se destinarán a cumplir con las leyes especiales, entre ellas la Ley 362 de 2023, que establece que anualmente el 7% del producto interno bruto (PIB) debe destinarse al sector educativo.
El presupuesto actualmente en discusión en la Asamblea Nacional contempla ingresos totales del Sector Público No financiero por 16 mil 605 millones de dólares, de los cuales, 11,624 millones de dólares se destinarían a leyes especiales.
De este monto 5,832 millones irán al sector educativo que contempla el presupuesto de las Universidades de Panamá, Chiriquí, Tecnológicas, entre otros entidades relacionadas con la educación.
“Solo la Ley 362 representa el 60% de los ingresos”, indicó Chapman, quien no ocultó su rechazo a la normativa, alegando que no establece las razones para aplicar dicho porcentaje ni una hoja de ruta para medir los resultados de tal asignación.
Otra de las leyes especiales que representan una camisa de fuerza para el presupuesto es la relacionada con los aumentos automáticos de salarios para ciertos funcionarios, como policías, maestros, personal de salud, entre otros. Dentro del presupuesto de 2025 se incluyen incrementos salariales automáticos por 300 millones de dólares, y se estima que para 2029 estos serán de 1,500 millones de dólares.
Adicional, hay subsidios y exoneraciones fiscales que limitan los ingresos del Estado.
Durante su intervención en el II Foro Económico organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Chapman reiteró que la mejor inversión que puede hacer un país es en la educación, pero aclaró que se deben establecer metas y parámetros para medir los cambios logrados, porque, ante la falta de estos criterios, podría destinarse un mayor porcentaje, pero el país seguiría con los mismos problemas en el sector educativo.
La no asignación del 7% del PIB estimado para 2024 dentro del presupuesto del próximo año fue una de las principales razones por las cuales el Gobierno debió aumentar en dos oportunidades el monto del presupuesto de 2025, tras objeciones presentadas por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Inicialmente, el Ministerio de Educación recibió una asignación de 3,581 millones de dólares para 2025, pero tras las observaciones realizadas por los diputados, el monto se elevó hasta los 4,864 millones de dólares. No obstante, a pesar de este incremento de 1,282 millones de dólares, la cifra todavía está por debajo de los 4,996 millones de dólares contemplados en el presupuesto original aprobado para 2024.
Chapman comentó que países más desarrollados calculan el presupuesto para la educación asignando un porcentaje de los ingresos o gastos del Estado, pero no del PIB, porque no siempre los ingresos van en línea con el crecimiento económico.
Este planteamiento también fue expresado por Temístocles Rosas, presidente del Conep, quien señaló que es necesario revisar las leyes especiales, porque hay una diferencia entre la recaudación y la actividad económica.
Rosas señaló que el primer presupuesto presentado por la administración de José Raúl Mulino, que alcanzaba los 26,735 millones de dólares, era un presupuesto prudente y real; no obstante, indicó que la nueva propuesta dependerá de una mayor eficiencia del Gobierno para aumentar la recaudación, lo cual, de no ocurrir, traerá consecuencias para el país.
Otra de las leyes especiales que representan una camisa de fuerza para el presupuesto es la relacionada con los aumentos automáticos de salarios para ciertos funcionarios, como policías, maestros, personal de salud, entre otros. Dentro del presupuesto de 2025 se incluyen incrementos salariales automáticos por 300 millones de dólares, y se estima que para 2029 estos serán de 1,500 millones de dólares.
Consultado sobre el tiempo que resta para que la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto de 2025, tomando en cuenta que el periodo legislativo termina el 31 de octubre, Chapman indicó que todo dependerá de los diputados, ya que el Gobierno acató todas las recomendaciones realizadas por la Comisión de Presupuesto.
“Este ministro va a trabajar con ese presupuesto si se aprueba. Y si no se aprueba, también podemos trabajar con el de 2024; que eso no le cause preocupación”. Añadió que el presupuesto no es un mandato ni una obligación para gastar, dejando entrever que, de ser necesario trabajar con el monto asignado para 2024, se harían recortes, como la contención de gastos aprobada en agosto pasado por 1,387 millones de dólares.
El incremento de 3,276 millones de dólares al monto original presentado por el Gobierno, que elevó a 30,111 millones de dólares el presupuesto para 2025, también representará un aumento en el déficit fiscal estimado para el próximo año, que era de 3.5%. Ahora, se proyecta que el déficit alcanzará el 3.77%, lo cual estaría dentro del 4% estimado para 2025, de acuerdo con los cambios que la Asamblea Nacional aprobó este lunes 28 a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Chapman indicó que la modificación a la ley permitirá un aterrizaje suave y sin traumas para la economía, sin necesidad de aumentar los impuestos. Los cambios aprobados por la Asamblea establecen que para 2026 el déficit será de 3.5%, 3% para 2027, 2.5% para 2028, 2% en 2029 y 1.5% para el año 2030.
El ministro del MEF señaló que las modificaciones, sumadas a una gestión transparente de las finanzas públicas, permitirán reducir al 50% la relación de la deuda con el PIB, que actualmente es del 59%, con una deuda total superior a los 52 mil millones de dólares.
Para el economista Ernesto Bazán, el gobierno no está haciendo esfuerzos para reducir gastos ni las exoneraciones fiscales que limitan la entrada de ingresos. “Las versiones que yo he escuchado están llenas de excusas, pero no de acciones concretas para reducir gastos, porque hay muchos que se pueden reducir desde el Poder Ejecutivo y eso no lo estamos viendo”.
Con relación al presupuesto del próximo año, Bazán señaló que se está estimando que los ingresos aumentarán un 20%; sin embargo, considera que es un cálculo muy optimista, tomando en cuenta las proyecciones de crecimiento para 2025. Chapman señaló que se espera un aumento real del PIB de 4%.
“Si no se alcanza la recaudación de ingresos, significará más deuda, y el país ya no aguanta más deuda. Estamos poniendo en riesgo la viabilidad financiera del país”, acotó Bazán, quien señaló que al estructurar un presupuesto hay dos variables que garantizan su ejecución: los ingresos y el déficit fiscal.
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