La naviera Maersk reaccionó este miércoles 8 de abril al anuncio de Panama Ports Company (PPC) de que iniciará un proceso de arbitraje en su contra, y aseguró que no se considera responsable de las reclamaciones presentadas por la empresa portuaria.
“Podemos confirmar que Panama Ports Company (“PPC”) ha iniciado un proceso de arbitraje contra Maersk en relación con las acciones constitucionales del Gobierno de Panamá y el fallo de la Corte Suprema de Panamá que invalidó la concesión anterior de PPC. Maersk no considera que sea responsable de las reclamaciones y las atenderá en el foro correspondiente; no tenemos más comentarios por el momento”, señaló la compañía en un breve comunicado.
La reacción surge luego de que PPC, que perdió en enero pasado la concesión para operar los puertos de Balboa y Cristóbal tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, anunciara este 7 de abril la presentación formal del arbitraje contra Maersk.
Según PPC, la decisión responde a lo que describió como “la toma” de las terminales portuarias en Panamá, proceso que atribuye a la participación de APM Terminals, filial de Maersk, designada como operador temporal tras la anulación del contrato.
En su comunicado, PPC sostuvo que Maersk “socavó el contrato y se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC”, y que procedió a sustituirla mediante “una toma”.
La empresa informó que el arbitraje se llevará a cabo en Londres y aclaró que este proceso es distinto al arbitraje que también tiene previsto presentar contra el Estado panameño.
El conflicto se origina tras la decisión de la Corte Suprema, que en enero confirmó un fallo que dejó sin efecto la Ley 5 de 1997 y sus adendas, mediante las cuales se estableció el contrato de concesión con PPC. El Órgano Judicial determinó que dicho marco legal vulneraba varios artículos de la Constitución.
Tras conocerse el fallo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Gobierno garantizaría la continuidad operativa de los puertos y la estabilidad laboral de los trabajadores, mientras se preparaba un nuevo proceso de concesión bajo reglas distintas.
Mulino explicó en su momento que el plan contemplaba la designación de un operador temporal, rol que recaería en APM Terminals, mientras se organizaba una nueva licitación pública. Días después, el proceso se ejecutó, dando paso al actual escenario de disputa legal internacional.
