Panamá necesita garantizar seguridad jurídica, reglas claras y mayor eficiencia institucional para preservar su capacidad de atraer inversiones extranjeras directas, frente a países de la región que están mejorando sus condiciones para hacer negocios, planteó Alberto López Tom, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
“La administración de justicia es un elemento, un pilar fundamental del Estado de Derecho que nosotros tenemos que garantizar para que las inversiones estén seguras”, afirmó.
López Tom sostuvo que la rapidez con la que se resuelven los procesos también pesa en las decisiones de los inversionistas.
Al referirse al caso de Puerto Barú, señaló que “la demora en la tramitación de este proceso judicial, el tiempo de espera antes que la Corte tenga una decisión, pone en incertidumbre una inversión sustancial”.
Agregó que “esta demora causa, envía un mal mensaje al inversionista extranjero y por supuesto que tiene incidencia en la atracción de inversiones”.
Para el dirigente empresarial, Panamá debe garantizar “un sistema de resolución de disputas, transparente, por supuesto, pero también ágil, rápido”.
Datos de la Contraloría General de la República, entre enero y marzo de este año detallan que ingresaron al país 213.3 millones de dólares en inversión extranjera directa, muy por debajo de los 553.9 millones registrados durante el mismo período de 2025.
Panamá aún no encuentra la fórmula para recuperar la inversión extranjera
Otro de los principales desafíos está en el mercado laboral. “A mí me preocupa sobremanera la informalidad que tenemos. La informalidad nos asfixia”, advirtió López Tom.
Explicó que los trabajadores informales permanecen fuera del sistema financiero, no cuentan con referencias crediticias y tienen dificultades para acceder al financiamiento y tampoco aportan a la Caja de Seguro Social.
López Tom insiste en al necesidad de la formalización como una vía para generar nuevos puestos de trabajo: “Si nosotros tomamos a un trabajador informal y lo formalizamos, y inicia un emprendimiento con guía, con ayuda, con incentivos, ese emprendedor eventualmente crecerá y contratará a otro personal. O sea, estás creando empleos”.
El presidente de Apede alertó que mantener una elevada informalidad termina afectando al Seguro Social, los ingresos públicos y el consumo.
“Lo que estamos haciendo es ampliar la base de trabajadores informales que no cotizan al Seguro Social, que no pagan impuestos, que no tienen acceso a crédito”, sostuvo.
Añadió que tampoco tienen las mismas posibilidades de comprar viviendas, automóviles o utilizar crédito para consumir. “Todo eso va convirtiéndose en un freno a la economía”.
A estos retos suma la necesidad de simplificar y automatizar los trámites públicos y reducir la burocrácia que dificulta la agilidad de hacer negocios en Panamá.
“Nosotros tenemos un sistema administrativo en todas las facetas que tiende a ser extremadamente complejo y burocrático”, manifestó.
López Tom afirmó que “en la medida en que simplificamos los procesos, nosotros estamos luchando a favor de la transparencia contra la corrupción” y planteó avanzar hacia “un Estado más simplificado, con menos trámites, menos burocratizado, más digitalizado”.
A su juicio, “tenemos procesos digitalizados, son procesos más transparentes, más auditables. Entonces, en esa medida somos más competitivos”.
