De forma unánime, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato de concesión firmado el 16 de enero de 1997 entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
La decisión del Pleno se conoció la noche del jueves 29 de enero, cuando el Órgano Judicial confirmó el fallo que deja sin efecto la Ley 5 de 1997 y sus adendas, al considerar que vulneran varios artículos de la Constitución y que la prórroga automática del contrato carecía de sustento legal.
Muy temprano, el viernes, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Gobierno garantizará la continuidad operativa de los puertos y la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios, mientras se diseña un nuevo proceso de concesión bajo reglas distintas. PPC se mantendrá operando hasta tanto el fallo quede ejecutoriado.
Mulino informó que el plan contempla la designación de un operador temporal (APM Terminals, filial de Maersk) mientras se prepara una nueva licitación pública. El proceso de transición será coordinado por Alberto Alemán Zubieta, quien estará a cargo de articular las acciones entre las instituciones del Estado involucradas y el sector portuario.
China, a través del portavoz de su Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, expresó molestia por la decisión y advirtió que Pekín adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas, en referencia al conglomerado hongkonés CK Hutchison, matriz de PPC.
En contraste, Estados Unidos celebró el fallo. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la decisión refuerza el Estado de derecho y la rendición de cuentas en concesiones estratégicas. En la misma línea, la Embajada de Estados Unidos en Panamá destacó que el fallo fortalece la seguridad jurídica, la transparencia y el clima de inversión.
Por su parte, PPC rechazó la decisión y advirtió que genera incertidumbre jurídica, al recordar que desde 1997 ha invertido alrededor de $1,800 millones en los puertos.
A su vez, APM Terminals manifestó su disposición a operar de manera temporal los puertos de Balboa y Cristóbal, asegurando que puede garantizar la continuidad operativa, la estabilidad laboral y el cumplimiento de estándares internacionales mientras se desarrolla un nuevo proceso de concesión.
