El gobierno de Panamá anunció el inicio de una operación para recomprar parte de la deuda pública colocada en bonos internacionales, con el objetivo de reducir el pago de intereses en el tiempo y disminuir el saldo total.
En términos simples, es como si usted reemplazara deudas caras y urgentes por una deuda más barata y con pagos más manejables. Al menos, esta es la idea.
La recompra se realizaría utilizando recursos provenientes de una posible emisión de nuevos bonos internacionales con vencimientos aproximados de 8 y 12 años, sujeto a las condiciones del mercado.
El anuncio ocurre en paralelo a la publicación en Gaceta Oficial de una autorización que faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a emitir bonos globales por hasta 6,000 millones de dólares, un monto que funciona como techo legal para operaciones de financiamiento y manejo de pasivos.
Aunque ambas acciones han sido vinculadas por ocurrir en el mismo periodo, la autorización publicada en Gaceta corresponde a un marco legal general que permite realizar transacciones de mercado, mientras que la recompra anunciada corresponde a una operación concreta de administración de deuda.
Cuál es el verdadero monto de la operación
La autorización de hasta 6,000 millones de dólares no significa automáticamente que el Estado vaya a colocar deuda por ese total. Este tipo de decreto cumple una función legal necesaria para que Panamá pueda ejecutar operaciones en mercados internacionales, ya sea por montos pequeños o por cifras mayores, dependiendo de las condiciones y del resultado final del proceso.
En este tipo de transacciones, la publicación oficial sirve como respaldo formal ante reguladores, abogados y participantes del mercado, demostrando que el Gobierno cuenta con la autorización requerida para emitir bonos o ejecutar operaciones vinculadas al manejo de deuda.
El apetito del mercado
El mecanismo que se utiliza para estas operaciones implica que el monto final de la emisión y la recompra no se define desde el primer día. Los términos dependen del apetito de los inversionistas, las tasas disponibles y el precio al que los tenedores estén dispuestos a vender sus bonos.
Por esa razón, el Gobierno inicia un proceso de acercamiento al mercado —conocido como roadshow— para medir interés y condiciones. Solo al finalizar esa etapa se determina el monto definitivo, el plazo, la tasa de interés y cuáles bonos serán retirados o recomprados.
Según el comunicado oficial, la operación apunta a administrar mejor la deuda existente. En la práctica, este tipo de estrategia suele concentrarse en tres objetivos principales:
+ Retirar deuda en circulación, disminuyendo el saldo pendiente.
+ Reducir el costo de intereses, sustituyendo obligaciones más caras por otras con mejores condiciones.
+ Mejorar el perfil de vencimientos, evitando años con concentraciones excesivas de pagos.
Este último punto es clave en la gestión de deuda pública. Cuando un país acumula vencimientos muy altos en un mismo año, se vuelve más vulnerable ante crisis externas, ya que en un escenario adverso tendría que refinanciar grandes montos en condiciones desfavorables.
Por ello, las operaciones de recompra y refinanciamiento buscan distribuir los vencimientos, evitando picos pronunciados de deuda en periodos específicos.
¿Cómo funciona una recompra de deuda?
En una recompra, el Gobierno invita al mercado a ofrecer bonos existentes a cambio de efectivo o mediante una operación de canje. Los inversionistas indican qué bonos están dispuestos a vender y a qué precio. Posteriormente, el Estado selecciona cuáles recomprar según lo que sea más conveniente para su estrategia financiera. Este tipo de operación se conoce como liability management o administración de pasivos.
Los detalles finales de una transacción de este tipo —monto definitivo, tasa de interés, plazo y bonos específicos que serán recomprados— se conocen una vez concluido el proceso de mercado y completada la operación. Pueden ser dos o tres semanas a partir de este momento.
Hasta entonces, lo disponible públicamente es el marco general: la recompra anunciada en el comunicado oficial y la autorización legal publicada en Gaceta para realizar emisiones y operaciones de manejo de pasivos dentro del límite aprobado.
El peso de la deuda
La deuda pública y el monto destinado al pago de intereses devoran una parte creciente del presupuesto nacional.
Panamá cerró el 2025 con una deuda pública de 59,349 millones de dólares.
Parte importante de este monto corresponde a lo que ocurrió en la administración de Laurentino Cortizo y su vicepresidente José Gabriel Carrizo. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024, la deuda pública se incrementó en 22,718 millones de dólares, pasando de 31,018 millones a 53,736 millones de dólares.
En paralelo, el pago anual por intereses casi se duplicó, aumentando 1,255 millones de dólares. Pasó de 1,264 millones a 2,519 millones de dólares.
En el presupuesto proyectado para 2026, que asciende a 34,901 millones de dólares, destaca el perfil de amortización de la deuda, que contempla pagos por 4,399 millones de dólares, un aumento de 1,987 millones de dólares con respecto al año anterior.
Además, se proyecta que el pago de intereses crecerá 469 millones de dólares, alcanzando 3,661 millones de dólares, una cifra que ilustra cómo, cada año, el servicio de la deuda se come una porción creciente de los recursos públicos.
