“Todas esas empresas, llámense arrendadores dentro o fuera del puerto, amparados en la concesión de Panama Ports Company (PPC), tienen el mismo problema que PPC: se quedaron sin contrato”.
Esta fue la afirmación del presidente José Raúl Mulino al referirse al futuro de las operaciones tercerizadas en las terminales de Balboa y Cristóbal, durante la habitual conferencia semanal en la Presidencia de la República, en respuesta a cuestionamientos de La Prensa.
Las declaraciones se producen luego de que PPC fuera desalojada de los puertos que operó en concesión durante casi 30 años, tras la publicación en la Gaceta Oficial del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato-ley que le otorgaba la operación de dos terminales de contenedores.
Desde 2015 se constituyeron las empresas Serviestiba, S.A. y Maniobras y Estiba Portuaria, S.A., las cuales ofrecen servicios de estiba, desestiba, conteo de contenedores y provisión de mano de obra portuaria en Balboa y Cristóbal.
El contralor Anel Flores dijo en abril de 2025 que estas compañías eran responsables de “pérdidas millonarias” para el Estado. Según el funcionario, es que estas empresas no estarían pagando impuestos y el Estado no recibe ingresos por los servicios que prestan en terrenos y bienes que pertenecen a la Nación.
Mulino no se refirió a estas compañías de forma directa, pero indicó que quienes tengan contratos tercerizados por PPC deberán negociar una nueva realidad jurídica con los operadores portuarios que hoy administran Balboa y Cristóbal, no con el Gobierno.
Mulino señaló que las empresas que operaban bajo la concesión de Panama Ports Company quedaron sin contrato tras el fin de ese acuerdo, por lo que deberán negociar una nueva relación jurídica con los operadores de los puertos de Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal.… pic.twitter.com/WHdjG6F9ST
— La Prensa Panamá (@prensacom) March 5, 2026
Al mismo tiempo, cuestionó el esquema al señalar que los arrendamientos con terceros no representaban beneficios directos para el Estado, a pesar de que Panamá mantiene un 10 % de participación accionaria.
“Eso es importante y delicado, porque pasaba por encima de la realidad accionaria. Eso se acabó, para todos, horizontalmente”, enfatizó.
Mulino también fue enfático en el tema fiscal. “Todos tienen que pagar impuestos. Nadie va a estar exento de pagar impuestos en Panamá; esa es otra realidad que deberán enfrentar en su estructura de negocio”, sostuvo, al advertir que el país no retomó los puertos “para los ingleses, sino para los panameños”.
La situación radica en que estas empresas proveedoras no cuentan con un contrato de concesión directo con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Su relación comercial era con PPC, por lo que se amparaban en el Contrato Ley N.° 5, que en su cláusula 2.10, literal “u”, permitía a la portuaria subcontratar actividades y derechos otorgados en la concesión sin requerir aprobación del Estado.
Información en desarrollo...
