Para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Panamá tiene en estos momentos una gran oportunidad: ordenar su sector logístico para que no se repitan los errores del pasado y fortalecer uno de los pilares más importantes de nuestra economía.
A través de un comunicado, el gremio indica que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno al contrato de Panama Ports Company (PPC) “nos llama a hacer las cosas mejor, con reglas claras, transparencia y visión de largo plazo”.
Sostiene que la logística representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto (PIB), genera miles de empleos directos e indirectos y posiciona al país como un hub estratégico en el comercio mundial.
“Movemos alrededor de 10 millones de TEUs al año y somos un centro de conexión clave entre continentes. Cada decisión que se toma en este ámbito impacta la confianza de los inversionistas, la estabilidad jurídica y la competitividad del país”, señala.
Apede recuerda que hace tres décadas, cuando se concesionaron los puertos de Balboa y Cristóbal, el contexto era completamente distinto. Panamá, en ese entonces, se preparaba para la reversión del Canal y necesitaba inversión urgente para modernizar infraestructuras deterioradas.
“Aquella decisión respondió a una realidad económica concreta. Hoy el escenario es otro. Somos una plataforma logística consolidada, pero tanto la competencia en la región como nuestro deseo de crecer y evolucionar nos retan a elevar nuestros estándares. Debemos superarnos, no solo para ser competitivos, sino para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos”, asegura.
Según el gremio, los cambios contractuales posteriores, que generaron cuestionamientos y terminaron en los tribunales, dejan una lección clara: la seguridad jurídica no se negocia y las reglas deben ser sólidas desde el inicio.
“Como jurista, tengo la convicción de que la estabilidad de un país se construye sobre el respeto a la ley, pero también sobre la correcta estructuración de los contratos. Cuando las reglas son claras, no hay espacio para interpretaciones que debiliten la institucionalidad”, dice Giulia De Sanctis, presidenta de la Apede.
A su juicio, las nuevas concesiones que se licitarán para los puertos de Balboa y Cristóbal se están estructurando bajo parámetros y requisitos de última generación.
“Esta experiencia no solo debe servir para modernizar esas concesiones específicas, sino también para impulsar la creación de un nuevo marco legal robusto que abarque todos los puertos y la infraestructura marítima y logística del país. Este marco debe garantizar estándares más altos, promover la competitividad y asegurar que los beneficios generados por esta actividad se distribuyan de manera equitativa”, agrega.
Para De Sanctis, se deben garantizar procesos de licitación abiertos y transparentes, con criterios técnicos definidos y mecanismos de fiscalización que aseguren que cada concesión genere inversión, empleo, transferencia de conocimiento y beneficios reales para el país.
🎙️ La Voz de APEDE – Edición hablada. Panamá vive un momento decisivo para su futuro portuario. El reciente fallo en el caso de Panama Ports Company no es un hecho aislado, es una señal de que debemos reflexionar con serenidad, madurez y visión de país. pic.twitter.com/dogIcZbXWp
— APEDE (@Apedeorg) March 1, 2026
“Requerimos madurar institucionalmente. Lo que debilita la reputación es no cambiar e insistir en mantener esquemas que generan dudas”, añade.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de PPC.
Con la sentencia en firme, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) asumió el control de las operaciones y procedió a otorgar dos contratos independientes para la administración de los puertos a APM Terminals Panamá, división de la naviera danesa Maersk, y a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC).
En el caso del puerto de Balboa, APM Terminals Panamá informó que, desde que asumió la operación, registra más de 3,900 movimientos de contenedores en cinco buques portacontenedores y se han gestionado 900 movimientos de camiones entre exportaciones, importaciones y recepción de contenedores vacíos.
En el caso del puerto de Cristóbal, en el Atlántico, que se encuentra bajo administración temporal por 18 meses de Terminal Investment Limited (TiL), la empresa informó que, hasta este sábado 28 de febrero, las operaciones se desarrollan con normalidad, bajo el esquema de “business as usual”, con los sistemas operativos funcionando sin interrupciones.
