Demanda en la Corte tras convocatoria a sesiones extraordinarias

El abogado especialista en temas ambientales y de derechos humanos, Félix Wing, presentó este martes, 20 de mayo, dos amparos constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia

El abogado especialista en temas ambientales y de derechos humanos, Félix Wing, presentó este martes, 20 de mayo, dos amparos constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ): uno en contra de la convocatoria a sesiones extraordinarias y otro, contra la propuesta que reduce los límites del área protegida humedal Bahía de Panamá.



El primer amparo es contra el Decreto Ejecutivo 346 de 2014, mediante el cual el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, convocan a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias desde mañana, 21 de mayo, hasta el 30 de junio de 2014, último día de la actual administración gubernamental. “Si la CSJ interviene rápido, la Asamblea no se reúne”, expresó.



El otro amparo tiene que ver con la resolución de Gabinete 95 de 2014, que autoriza al ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, a proponer, ante la Asamblea el proyecto de ley “que declara como área protegida al humedal Bahía de Panamá”.



Según Wing, esta propuesta –cuyo contenido oficialmente no ha sido dado a conocer– pretende reducir aproximada de 750 hectáreas, entre Juan Díaz y Pacora, que actualmente son parte del área protegida.



En la acción de amparo se alega que la propuesta de alterar los límites no cumple con el prerrequisito de participación ciudadana, lo que constituye una violación a la Constitución y varios tratados internacionales ratificados por Panamá.



“Los manglares que se pierden son los mejores que hay, con enormes árboles que tienen más de 100 años”, añadió en entrevista con La Prensa. Wing mencionó que serían cuatro los proyectos privados que resultarían directamente beneficiados con la medida que impulsa el Ejecutivo: Parque Industrial Costa Sur, La Marina, Panatropolis y Panama Bay. “Entendemos que son promotores vinculados al actual gobierno”, apuntó.



Según Wing, constituye una necedad el hecho de presentar este proyecto ante la Asamblea “Representa un irrespeto que a esta altura quieran cambiar los límites del área protegida porque, independientemente o no que haya área protegida, los manglares y todos los humedades de este país esta protegidos por Constitución y la ley… son áreas inadjudicables”, dijo.



Sostuvo que, con la construcción de estos proyectos inmobiliarios, se agrava el problema de inundaciones en la ciudad, sobre todo en Juan Díaz; algunos incluyen rellenos marinos.



HABLA BANFIELD



La vicealcaldesa electa del distrito de Panamá, Raisa Banfield, también repudió estas acciones provenientes del Ejecutivo. “Están quemando los últimos cartuchos del tiempo que les queda para imponer lo que no lograron en los últimos cinco años”, cuestionó.



El humedal Bahía de Panamá ha estado permanentemente amenazado en la última administración. En el año 2012, el magistrado Alejandro Moncada Luna emitió un fallo que retiró al humedal su condición de área protegida, lo que permitió que ahí se edificaran varios proyectos inmobiliarios. Posteriormente, en diciembre de 2013, la Corte revirtió ese fallo y el humedal recuperó su calificación.



“Como la protección se reactivó, la Convención Ramsar está vigente, la última salida que les queda es modificar la ley, restando 750 hectáreas”, se quejó. Esto va en detrimento de la biodiversidad, los hábitats naturales y de la propia vida humana, ya que los humedales y manglares protegen ante inundaciones, apuntó la ambientalista.



En tal sentido, Wing recordó que la Convención Ramsar permite la reducción de los límites de un área protegida, únicamente por motivo urgente y de interés nacional. “Aquí lo que hay son intereses privados”, acotó.



En sesiones extraordinarias, el Ejecutivo pretende que se aprueben 22 proyectos de ley y se ratifique la designación de varios nombramientos, incluyendo el de Carlos Orillac, actual administrador de la Presidencia, como director presidente y dignatario de la empresa estatal que administra la Cadena de Frío.

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