TRANSPARENCIA

Cancillería desconoce razones por las que el país sería incluido en una lista

Cancillería desconoce razones por las que el país sería incluido en una lista
La Cancillería de Panamá confirmó a este medio, que el gobierno ha sido alertado de esta posibilidad.

La Cancillería de la República mostró ayer su rechazo ante la posibilidad de que Panamá sea incluido por la Comisión Europea en una lista de países con deficiencias en el combate contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. “Para la República de Panamá, el proceso se ha llevado de manera opaca, dado que el país no fue informado oportunamente de las razones concretas por la cual podría ser considerado en esta lista”, señaló la Cancillería.

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Destacó, además, que la acción no sería cónsona con la realidad de la plataforma financiera panameña, que “cuenta hoy con una avanzada y robusta legislación para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos, y para la cual ha demostrado una dedicación constante en el fortalecimiento y modernización de la misma, que incluso ha sido reconocido por organismos internacionales en donde la Unión Europea participa”.

Según el diario británico Financial Times, en la lista próxima a publicar estarían también países como Arabia Saudí, Islas Vírgenes, Samoa y Libia, entre otros.

Nuevo marco legal; la misma percepción

Panamá ha actualizado su marco legal para combatir el lavado de activos. La medida más reciente es la penalización de la evasión fiscal. No obstante, en el exterior, especialmente en Europa, no se ha mitigado la percepción de paraíso fiscal del país.



El diario destaca que según la ley europea, los bancos del viejo continente tendrán que fijar controles ampliados sobre los fondos que procedan de estos países; una mayor investigación sobre los clientes para determinar el propósito de los pagos, el origen del dinero y los beneficiarios finales de las empresas.

Una decisión política

En noviembre de 2016, los 28 países de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo para establecer las bases que permitirían la identificación de un paraíso fiscal. Eran tres: el nivel de transparencia fiscal, la aplicación de medidas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la erosión de la base impositiva o prácticas de transferencia de beneficios y el grado de justicia de su política impositiva.

Con base en estas condiciones, el bloque europeo publicó el 5 de diciembre de 2017 su primera lista negra. Panamá estaba dentro, junto a otras 16 jurisdicciones. La clasificación no estuvo exenta de polémica. Ningún Estado de la UE iba a figurar en ella, a pesar de que territorios como Irlanda, Luxemburgo, Malta o Países Bajos incumplían sus propias reglas fiscales.

La seriedad del aparato institucional de Bruselas se vio minada con un retoque de la lista tan solo 41 días después de haber sido adoptada. Panamá estaba fuera. Pasó del Anexo I, que incluye a las jurisdicciones no cooperativas, al Anexo II, que agrupa a los Estados en los que se han identificado deficiencias, pero que han asumido el compromiso de modificar sus prácticas en distintos ámbitos, como fiscalidad, transparencia o intercambio de información durante 2018 y 2019.

El encargado de supervisar la nueva legislación de Panamá y elaborar con los resultados la clasificación de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal es el llamado grupo del Código de Conducta, que componen un equipo de 28 técnicos. Sin embargo, la decisión final será política.

“El Consejo de Europa está revisando actualmente la forma en que se han implementado los compromisos asumidos por los países, con vistas a revisar la lista existente de jurisdicciones no cooperativas. El trabajo técnico está en marcha. Sin embargo, la decisión en última instancia pertenece al nivel político. Se espera que los ministros de Finanzas discutan este tema y tomen decisiones en las próximas semanas”, señalaron fuentes de la Comisión Europea.

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