Tres años tomará la rehabilitación y ensanche de la carretera Pedregal-Gonzalillo-Transístmica, 14 meses adicionales al tiempo pactado en el contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la constructora costarricense Meco que se adjudicó el proyecto en 2016.
La extensión de tiempo recibió el visto bueno de la Contraloría General de la República el 15 de mayo, tras analizar por tres meses la documentación que envió el MOP para sustentar los cambios del proyecto.
La ampliación de 9.4 kilómetros corresponde al ensanche y rehabilitación de la carretera Pedregal – Gonzalillo y 1.8 kilómetros de la rehabilitación de la carretera Villalobos.
En total son 11.2 kilómetros de carretera que están concebidos para optimizar la conexión entre los sectores norte y este de la ciudad de Panamá.
Además de la extensión de tiempo, el MOP incluyó en la adenda un incremento de $30.8 millones al costo original del proyecto. Ahora, la obra terminará costando $127.8 millones y no $96.9 millones como dice el contrato.
La entidad, a cargo de Ramón Arosemena, justifica el incremento en el hecho de que los fondos asignados inicialmente para cubrir las indemnizaciones por el uso de servidumbre no fueron suficientes.
El MOP había estimado un costo fijo para la adquisición de servidumbre de $3 millones y ahora se añadieron $30.8 millones porque el monto era “insuficiente”, según la adenda N°1 al Contrato N°AL-1-67-15, publicada en Panamá Compra.
La diferencia, según el MOP, se debe a que una vez efectuado el análisis y estudio por el personal técnico de la entidad, en donde se suman los montos de los presupuestos tramitados y aprobados, más los costos estimados de las actividades que están por realizar, se llegó a la conclusión de que se requerirá una asignación presupuestaria adicional.
La entidad se protege diciendo que los avalúos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la propia Contraloría “solo se inician una vez comienza el proyecto”, por lo que es difícil conocer el monto de las indemnizaciones antes de que se inicie este proceso.
Los moradores de las comunidades de Villalobos, Gonzalillo y Tierra Prometida han estado protestando desde que se inició este proyecto para solicitar que se respetara el diseño original de la obra.
Habían advertido de que si se cambiaba el diseño que se consensó en el pliego, iba a ser mayor el monto de las indemnizaciones por servidumbre que se tendría que pagar por la ocupación de más terreno.
Según la entidad estatal, por la falta de fondos no se ha podido continuar con los trabajos de liberación de servidumbre y con el pago de afectaciones, actividades necesarias para habilitar áreas de trabajo para la construcción del ensanche a cuatro carriles de la carretera Pedregal-Transístmica.
Hasta la fecha, la empresa costarricense Constructora Meco, S. A. ha realizado 181 trámites de indemnización por un monto superior a los $4.8 millones.
Al inicio de los trabajos, el MOP había señalado que más de 300 familias estaban ubicadas en terrenos que no les pertenecen y que tendrán que moverse a otro lugar para darle paso al proyecto.
Trabajos
Los obreros trabajan en la construcción de los intercambiadores vehiculares de Tierra Prometida y Zárate, así como en la edificación de los puentes vehiculares en María Henríquez y de la servidumbre del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales en esa zona y en Juan Díaz.
El proyecto comprende la construcción de cuatro puentes vehiculares de dos vías, incluyendo rampas de entrada y de salida, además de la construcción de dos nuevos carriles con pavimento de hormigón de cemento portland, totalizando cuatro carriles de circulación.
Meco, junto a otras empresas, como Conalvías y Bagatrac, son vinculadas a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público relacionadas con el caso Blue Apple, una sociedad a través de la cual se habrían pagado unos $40 millones en sobornos por contratistas del Estado a cambio de la agilización de trámites administrativos para la ejecución de las obras y desembolsos de dinero.
La empresa costarricense está entre los principales contratistas del Estado. Entre los contratos que se ha adjudicado está la ampliación de la vía hacia Arraiján, trabajos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, rehabilitación de calles en la provincia de Chiriquí, entre otros.