El superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, advirtió anoche ante el pleno de la Asamblea Nacional de las consecuencias negativas que tendría para el centro financiero internacional y para la economía la inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), riesgo que corre el país si no penaliza la defraudación fiscal y la incorpora a los delitos precedentes del lavado de dinero.
Panamá ya pasó por la lista gris del GAFI entre 2014 y 2016, con el resultado de 74 corresponsalías bancarias perdidas.
Fernández, a cargo de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), señaló que al no contar con banca central, el sistema financiero tiene un alto grado de dependencia del sector externo.
Para poder hacer pagos internacionales y recibir recursos, los bancos necesitan las relaciones con corresponsales internacionales. Además, algunas agencias multilaterales dejaron de prestar fondos por estar en esta lista y otras instituciones gubernamentales restringieron a los bancos las relaciones con Panamá. “Hubo bancos que llegaron a tener un solo corresponsal bancario”, enfatizó.
La pérdida de imagen afectaría también la capacidad de atraer inversión extranjera directa, uno de los elementos que ha impulsado el crecimiento económico en los últimos años.
Para Fernández, el impacto no se limitaría a la industria financiera, también se afectaría la Zona Libre de Colón y el Canal de Panamá, “ya que ambos dependen del sistema de pagos internacionales”.
Si a los bancos les resulta más costoso acceder a fondos en el exterior, también subirán las tasas a las que prestan el dinero. Según la lógica económica, las tasas de interés más altas desincentivan la inversión en nuevos proyectos e inciden en el dinamismo económico.
El superintendente apuntó que desde que el país salió de la lista gris en 2016, por las reformas efectuadas al marco legal, se han recuperado 82 corresponsalías bancarias y hay otras 12 en proceso de ser aprobadas.
El regulador bancario hizo estas advertencias durante el segundo debate del proyecto de ley 591, que considera delito penal la defraudación fiscal por más de $300 mil en un año, y lo castiga con penas de dos a cuatro años.
Además, incluye la defraudación en la lista de delitos precedentes del lavado de dinero, con penas de dos a cuatro años.
Eyda Varela de Chinchilla, ministra de Economía y Finanzas, señaló que el Código Fiscal actual ya tiene penas de cárcel para la evasión fiscal y que con este proyecto de ley se limita el castigo de cárcel para aquellos que defrauden al fisco más de $300 mil al año.
Mientras el Ejecutivo aspira a aprobar el proyecto de ley lo más rápido posible y conforme al estándar para presentarse ante el GAFI -que celebra en febrero su plenaria- como país cumplidor, el Ministerio Público quiere que el texto legal le permita perseguir el delito, los gremios empresariales buscan que se introduzcan salvaguardas para evitar el uso de la ley como herramienta política y varios diputados se lamentan de que la iniciativa sea producto de la presión internacional y no de una necesidad propia.
Completadas las cuatro horas de sesión, anoche se suspendió un debate a cuatro bandas que debe ser retomado en la mañana de hoy martes, en la víspera de la llegada del papa Francisco a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud.