Varias sociedades panameñas, clientes de Banca Privada d’Andorra (BPA), presentaron un recurso legal ante el Tribunal Administrativo Federal de Suiza con relación a la renta variable del banco andorrano que está todavía bloqueada en Credit Suisse, entidad con la que este operaba antes del escándalo financiero que acabó con su liquidación en abril de 2016.
Según la documentación judicial a la que tuvo acceso este periódico, las autoras de la instancia tienen los recursos financieros congelados en el instituto suizo porque no pudieron justificar su origen legal y están bajo sospecha.
No está claro al momento si esos recursos están relacionados con el dinero de las coimas maniobradas por Odebrecht en cuentas bancarias de Europa.
En el auto se obvia el nombre de las sociedades, a las que se designa de forma anónima con las cuatro primeras letras del abecedario, pero sí se revela que fueron creadas en territorio panameño por el bufete de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
Esta información es clave, ya que este despacho legal estuvo vinculado a BPA Serveis, una fundación del banco andorrano constituida en Panamá, sin oficinas ni empleados, concebida para blanquear el dinero de Odebrecht, precisamente a través de la creación de empresas panameñas que ocultaran a los verdaderos beneficiarios.
Las investigaciones de la fiscalía de Andorra sobre BPA Serveis- cuya directiva era la andorrana Cristina Lozano- avanzan que esta fundación “intervino en numerosas operaciones constituyendo sociedades pantalla en jurisdicciones offshore con la finalidad de ocultar el verdadero beneficiario”.
A este respecto, el exoperador de Odebrecht Rodrigo Durán Tacla, imputado por blanqueo de capitales en Andorra y Brasil, explicó ante las autoridades judiciales de España que BPA era el centro neurálgico del sistema de coimas internacionales de Odebrecht en Latinoamérica.
“Odebrecht pagaba coimas en todos los países a través de BPA”, manifestó en un interrogatorio en calidad de testigo.
Fue precisamente BPA Serveis la que tramitó, a través del bufete de abogados panameño Alcogal, la constitución de las empresas fantasma Mengil International Limited SA y Pachira Limited SA, cuyo fin era enmascarar los millones de coimas que habrían recibido los hijos del expresidente Ricardo Martinelli de parte de Odebrecht y que, en parte, están bloqueados por la justicia de Andorra.
Ambas sociedades fueron creadas con un capital social inicial de 50 mil dólares en Belice el 31 de julio de 2014, pero después fueron nacionalizadas en Panamá.
Con la instancia legal presentada, las sociedades panameñas pretendían anular la decisión de la Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros (Finma) de Suiza, que resolvió en marzo del año pasado habilitar a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) para reclamar los activos líquidos y en divisas que BPA mantenía en Crédit Suisse.
Según las fuentes consultadas, de haberse validado el acuerdo, las sociedades panameñas habrían sido las primeras perjudicadas, ya que esto habría supuesto un ulterior bloqueo en la repatriación a Andorra del dinero.
La regulación suiza prevé que puedan volver a interponer otro recurso de apelación ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días desde el pasado 2 de enero.
El Tribunal Administrativo Federal de Suiza sentenció a favor de las autoridades andorranas, que podrán reclamar las posiciones de los clientes de la antigua BPA en el país helvético.
La fórmula para repatriar los fondos se hará a través de una cuenta que BPA tiene en Vall Banc (VB), la institución financiera que absorbió los activos limpios tras el proceso de regulación.
Para llevar a cabo los traspasos de dinero hasta el banco VB es imprescindible que los clientes entreguen la documentación necesaria para proceder al análisis de las cuentas pendientes y verificar que no han servido para operaciones ilícitas.
Hasta que no termine la regularización que se está llevando a cabo en Andorra, los clientes panameños no podrán acceder a los 190 millones de dólares actualmente bloqueados en Suiza.
Según informó recientemente el AREB, en este momento en BPA quedan en torno a mil 300 clientes, en cuyas cuentas hay un total aproximado de activos de 1,000 millones de euros.
Firma de abogados se distancia de sociedades
La firma Aleman Cordero Gallindo & Lee (Alcogal) precisó a este diario que desconoce sobre el recurso legal presentado ante el Tribunal Administrativo Federal de Suiza por parte de varias sociedades panameñas.
“Nuestra firma de abogados prestó servicios de organización de sociedades anónimas al BPA, un banco incorporado bajo las leyes de Andorra, pero jamás estuvo involucrada en el manejo u operación de dichas sociedades, ni tuvimos razones para pensar que las mismas iban a ser utilizadas para actividades ilícitas”, respondió la empresa a través de un correo electrónico.
Alcogal asegura que siempre ha colaborado con cualquier solicitud de información o documentación que reciba de autoridades competentes con relación a sociedades incorporadas por el bufete que estén bajo investigación.
Los responsables de la firma aclararon que su política es renunciar inmediatamente como agente residente de cualquier sociedad que sea objeto de investigación penal por las autoridades competentes.
