El 20 de marzo de 2020 se promulgó en Gaceta Oficial la Ley 129, que crea un registro privado y único de beneficiarios finales. Más de un año después, el registro no ha sido creado y el capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) solicita al Gobierno que ponga en marcha la base de datos.
La organización ha lanzado una campaña de concienciación sobre la importancia de tener un registro de beneficiarios finales y ha elaborado un informe titulado “Panamá: Registro de Beneficiarios Finales”.
Carlos Barsallo, presidente de TI Panamá, señaló que la creación de este tipo de registros es una práctica que se ha extendido internacionalmente.
En el reporte, Transparencia Internacional señala que “la data disponible demuestra que un registro público de beneficiarios finales es conveniente y necesario”.
Barsallo explicó que el beneficiario final es la persona que está detrás de una sociedad, la que la controla y recibe los beneficios.
Según la Ley 129, la base de datos será de carácter privado y solamente una serie de autoridades competentes tendrán acceso a la misma.
Barsallo señaló que la iniciativa ayudaría a Panamá a avanzar en su salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Aunque el organismo no exige la creación de un registro como tal, entre las recomendaciones a Panamá está la de mantener información actualizada sobre los beneficiarios finales de las sociedades. En su revisión de febrero, el organismo internacional dijo que los plazos del plan de acción acordados con Panamá habían expirado e instó al país a abordar las deficiencias detectadas tan pronto como sea posible.
Barsallo añadió que el Fondo Monetario Internacional ha analizado la permanencia de Panamá en la lista gris de GAFI como un factor de riesgo eventual para el cumplimiento de las líneas de crédito que ha solicitado el país en el marco de la pandemia.
La medida no solo sería favorable para mejorar la reputación internacional y la cooperación con otros países; también mejoraría la transparencia en procesos locales. Barsallo explicó que “si un registro se usa bien, puede ayudar a hacer debidas diligencia y mejorar la información para prevenir la corrupción en las contrataciones públicas”.
El Ministerio de Economía y Finanzas es la entidad que coordina los esfuerzos del país por salir de las listas discriminatorias. La Prensa consultó a la entidad sobre el estatus de la creación del registro de beneficiarios finales, pero no se recibió respuesta.
