La caída de ingresos provocada por la paralización de la actividad económica y la necesidad de recurrir al gasto público para atender la crisis sanitaria y económica causada por la Covid-19 echará por tierra las previsiones macroeconómicas que tenía el Gobierno.
Antes de que estallara la crisis, el escenario de partida del Gobierno Central contemplaba un déficit fiscal de $2,213 millones.
Con la llega del nuevo coronavirus al país, la paralización de la economía y las exoneraciones fiscales para aliviar la carga a empresas y personas naturales, esa cifra será ampliamente rebasada.
Solamente en marzo se produjo una caída de 41% en la recaudación de ingresos corrientes y se espera que en abril la caída supere el 55% en comparación con el mismo mes del año anterior, según la información que maneja la Dirección General de Ingresos (DGI).
La magnitud de la caída de los ingresos durante el resto del ejercicio fiscal dependerá del tiempo que demore controlar la propagación del virus y la reactivación de la actividad económica.
En el seno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se manejan varios escenarios, que presuponen caídas entre 30% y 40% de los ingresos del año.
Aunque es difícil vaticinar la dimensión de la caída, lo que sí se da por hecho es que el objetivo inicial del año del 2.75% de déficit será ampliamente superado.
La agencia de calificación de riesgo Moody’s Investors Service calculó de manera preliminar que el déficit del sector público no financiero se dispararía este año a 5.3% del PIB, lo que elevaría la deuda pública a un 53% del PIB, es decir, a unos $34,800 millones.
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal contempla unas cláusulas de escape, entre las que se encuentra la declaración de emergencia nacional. En ese supuesto se suspenden los límites de déficit estipulados para el año.
Más deuda
Una situación de menores ingresos y gastos similares se traduce en la necesidad de contratar mayor cantidad de deuda.
En el escenario global actual, Panamá ha demostrado tener acceso a los mercados internacionales para captar fondos, algo que ha sido reconocido por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En marzo, Panamá se convirtió en el primer país de América Latina en salir a los mercados desde que comenzó la propagación del virus y colocó $2,500 millones en un bono global.
Además, el país ha obtenido líneas de financiamiento con el FMI por $515 millones; con el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) por otros $500 millones; con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $300 millones, y otros $50 millones con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
En circunstancias normales, con la emisión de bonos de $2,500 millones prácticamente se habrían cubierto las necesidades financieras del año. Pero la realidad cambió y ahora el país requerirá de nuevas fuentes de recursos.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, aseguró en una conversación con este diario que se está tratando de obtener todos los recursos necesarios para soportar el presupuesto, no para aumentarlo, además de la liquidez que necesita ser inyectada a los sectores productivos cuando se retome la actividad.
Presupuesto redefinido
La estrategia financiera del Gobierno pasa por la captación de fondos para costear el presupuesto, pero también por una reestructuración de las asignaciones de gasto.
Alexander compartió que se están eliminando partidas de gasto por $2,000 millones, para asignar esos recursos a las necesidades prioritarias generadas por la crisis: las capacidades físicas y humanas del sistema sanitario, y los fondos vinculados al programa Panamá Solidario.
De la partida asignada al funcionamiento se recortarán $500 millones, entre viáticos y gastos de transporte, vacantes que no serán cubiertas, así como equipo y materiales.
Por su parte, el gasto de capital se reducirá en $1,500 millones con la suspensión de inversiones que no se habían iniciado todavía.
El manejo de las cuentas públicas será explicado ante la Asamblea Nacional, así como a organismos internacionales y a empresarios locales. El ministro señaló que se debe sustentar cómo se llega al monto de déficit que se alcance y cómo se hará para lograr déficits más moderados en el futuro, y así propiciar un manejo sostenible de la deuda y las finanzas públicas. Aunque algunos analistas han señalado que en una crisis como la actual el apego a las reglas fiscales pasa a un segundo plano, para Alexaner, “aún en momentos como este, la disciplina fiscal es importante”.