La comisión gubernamental concluyó la negociación con Minera Panamá en lo que respecta al capítulo ambiental, pero poco después de hacer el anuncio, surgieron las reacciones de los ambientalistas.
Ayer, en conferencia de prensa, Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias, dijo que “la empresa aceptó la propuesta ambiental que presentó el Gobierno”.
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, anunció que Minera Panamá se comprometió a instalar estaciones de monitoreo para vigilar la calidad del agua y aire dentro del proyecto, y destacó que los técnicos de la institución tendrán acceso a esos datos, en tiempo real.
Explicó que en la legislación panameña no se contempla el acceso en tiempo real a los monitoreos. Lo acordado con la minera permitirá actuar de forma inmediata en caso de ocurrir un evento ambiental.
Otro de los puntos acordado entre las dos partes, que ayer cumplieron 10 días sentados en la mesa de negociación para alcanzar, según el Gobierno, un nuevo contrato, fue la instalación de una oficina permanente dentro del proyecto, que permitirá al Estado supervisar la operación de la mina, así como vigilar el cumplimiento de las normas ambientales y laborales.
“Los funcionarios panameños de Ambiente, de Comercio y de cualquier otra entidad que tenga que supervisar la operación de la mina, estarán las 24 horas al día en el proyecto, ya que se instalarán dormitorios para que puedan permanecer en el área”, dijo Concepción.
Para Isaías Ramos, técnico del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), no hay ninguna novedad en el anuncio hecho por el Gobierno. “El 90% de ellos ya están incluidos en el estudio de impacto ambiental vigente y que debían ser cumplidos desde el 2011”, señaló.
Agregó que “la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado contra unidades de fiscalización ambiental hechas a la medida de actividades específicas, que le quitan competencias a las direcciones regionales de Miambiente. Estas unidades son ilegales, debilitan la objetividad de las evaluaciones públicas y favorecen la corrupción”.
“¿Cómo se explica que Miambiente promueve la creación de esta oficina, cuando hace cinco meses rechazó esa misma solicitud de la empresa por considerarla ilegal?”, cuestionó Ramos.
Otro de los puntos incluido en la propuesta del Gobierno en materia ambiental fue la implementación de energías renovables para reducir la contaminación provocada por el proyecto.
“La compañía tendrá seis meses a partir de la firma del nuevo contrato para iniciar los estudios para utilizar otro tipo de energía”, indicó el ministro de Ambiente.
Gobierno quiere fijar porcentaje de trabajadores extranjeros
Luego de finalizar la negociación del capítulo ambiental, por los próximos 10 días el Gobierno y Minera Panamá se centrarán en el tema laboral. El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, adelantó que el Gobierno busca establecer el porcentaje de extranjeros que trabajan en el proyecto. Indicó que la intención del Gobierno es que la empresa establezca un plan de transferencia de conocimiento para elevar la capacidad de los trabajadores panameños.
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, comentó que además del Código de Trabajo, hay otras normas que abordan el porcentaje de trabajadores extranjeros y lo que buscan es definir una cantidad dentro del proyecto. Actualmente, Minera Panamá tiene 5 mil trabajadores que participan de forma directa en la operación de la concesión.
A finales de julio pasado, Tristan Pascall, director de operaciones de First Quantum, comentó a un grupo de analistas de valores estadounidenses que la compañía estaba evaluando utilizar energía renovable en la concesión en Donoso, ya que la central eléctrica a base de carbón instalada en Cobre Panamá es responsable del “40% de las emisiones de CO2 dentro de First Quantum”.
“Actualmente, estamos evaluando la oportunidad de aumentar nuestro uso de energía renovable como parte de nuestros esfuerzos para reducir la intensidad de las emisiones. Continuaremos brindando actualizaciones con respecto a la estrategia energética en Cobre Panamá, a medida que estos planes se desarrollen más”, indicó Pascall, durante el encuentro con los analistas.
Dentro del anuncio hecho por el Gobierno ayer, Concepción manifestó que los representantes de Minera Panamá aceptaron presentar un plan de contingencia que permita la captura de sustancias químicas presentes en ríos y cuerpos de agua ubicados en la huella hídrica.
Sobre la aplicación de multas por accidentes dentro del proyecto, como el ocurrido el 14 de julio pasado, donde el fallo en la soldadura de una de las tuberías de las tinas provocó el derrame de material contaminante, según un informe de Miambiente, Concepción indicó que ninguno de los acuerdos que se alcancen con la minera la exonera de la aplicación de las normas ambientales existentes en el país y que suman unas 800.
Informes de Miambiente dan cuenta que entre 2012 y 2019, en la concesión de Minera Panamá, se han detectado 209 “hallazgos de incumplimientos” al plan de mitigación. La minera niega estos incumplimientos.
Consultado sobre los acuerdos alcanzados con la comisión nombrada por el presidente Laurentino Cortizo, consultores de Minera Panamá contactados por este diario informaron que por el momento no harán comentarios.
Desde el inicio de las negociaciones, la empresa ha señalado que favorece un nuevo acuerdo, pero dentro del marco de la seguridad jurídica y que no afecte la inversión realizada en el proyecto, que supera los $6 mil 700 millones.
Grupos ambientales han calificado de ilegal la negociación con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, ya que -según ellos- el Gobierno no ha respetado el debido proceso, luego que la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la Ley 9 de 1997, que permitió la explotación de cobre en Donoso.
