transparencia financiera

Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris

Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris
Panamá ingresó nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera en junio de 2019, lo que causa un impacto negativo en la imagen del país y sus aspiraciones como centro internacional de negocios. Archivo

Luego de un 2020 marcado por la irrupción de la pandemia del nuevo coronavirus, 2021 se presenta como un año clave en las aspiraciones de Panamá por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El país tiene por delante tres plenarias al máximo nivel de GAFI en las que se deben presentar los avances e intentar superar el desfase ocasionado por la pandemia del nuevo coronavirus, mientras implementa algunos cambios al marco legal de prevención de blanqueo de capitales.

El Gobierno ha revisado su estrategia para la ejecución de la hoja de ruta. Esto incluye la designación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como representante ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el brazo regional del organismo internacional. Esa representación recaía anteriormente sobre la Unidad de Análisis Financiero.

La asignación la asume el MEF como entidad que preside la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC). En la secretaría técnica de la comisión, el presidente Laurentino Cortizo designó el pasado mes de noviembre a Dani Kuzniecky, quien fuera contralor general de la República. El equipo técnico que coordina estas acciones está liderado también por Darma Romero, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF.

Kuzniecky comentó a este diario que desde hace varios meses el Gobierno está trabajando con un grupo de consultores. En concreto, se contrató a través de una cooperación no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Alejandra Quevedo, exsecretaria adjunta de Gafilat, por un monto de $25,000. La consultoría cuenta además con apoyo complementario por parte del equipo de expertos del BID, manifestó.

La estrategia consiste en asegurar que se interpretan correctamente los requerimientos del plan de acción de GAFI y se busca priorizar los esfuerzos dedicados a las áreas en las que se tiene que mostrar mayor avance.

En ese sentido, Kuzniecky aseguró que “el reto más importante es ser capaces de demostrar la efectividad de nuestro sistema contra el blanqueo de capitales”, específicamente en lo que se refiere al conocimiento de los riesgos; la capacidad de supervisar a los sujetos obligados financieros y no financieros; demostrar aplicación de sanciones realmente disuasivas por incumplimiento; desarrollar investigaciones y condenas de casos de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y sus precedentes -incluyendo evasión fiscal-, y ser capaces de cooperar internacionalmente en este sentido”, comentó el funcionario.

Pandemia

Consultado sobre el efecto de la pandemia en la ejecución de la hoja de ruta, Kuzniecky dijo que “es innegable que la crisis de la Covid-19 ha impactado distintas acciones necesarias para implementar el plan de acción de GAFI. Es particularmente por esa razón que el Gobierno ha hecho una nueva valoración interna para asegurar la priorización de los esfuerzos”.

A finales de abril, GAFI suspendió por cuatro meses los términos de los procesos de seguimiento a los países por las dificultades que entrañaba la pandemia.

Para la reunión plenaria de octubre dio la opción a los países de presentar o no reporte. Panamá fue uno de los países que no reportó en esa ocasión. Kuzniecky dijo que el grupo evaluador del GAFI, con el que Panamá tiene la relación directa, decidió posponer la presentación del informe.

Sobre este aspecto, el abogado Carlos Barsallo señaló que esa decisión contrasta con la de otros países que sí presentaron reportes.

En el caso de Bahamas, explicó, se llegó a coordinar una visita en sitio para verificar los avances, aunque también con retraso por las dificultades de desplazamiento provocadas por la pandemia, señaló.

Julio Aguirre, consultor financiero especialista en prevención de lavado de dinero, manifestó que la pandemia ha cambiado la manera de hacer negocios, algo que tiene que ser incorporado en las evaluaciones de riesgos, y que además la capacidad por parte de los reguladores locales de hacer supervisiones presenciales se ha visto limitada, tanto por las obligación de mantener distancia social como por el cierre de las empresas durante meses.

Esto hace que la supervisión remota tome más relevancia, pero para esto se debe contar con información de las operaciones, de la que muchas veces no se dispone en Panamá, dijo el especialista.

Calendario 2021

Panamá ya presentó su reporte de avances con vistas a las próximas reuniones de 2021, primero un cara a cara con el grupo evaluador y después una plenaria de GAFI, programada para febrero en París.

“La intención de nuestro país en ese momento de evaluación es demostrar el avance logrado hasta la fecha y asegurar el reconocimiento del GAFI de dicho progreso, con la intención de salir de la lista lo antes posible”, dijo Kuzniecky.

Ni Barsallo ni Aguirre esperan que en la reunión plenaria de febrero se vayan a tomar decisiones concluyentes sobre el futuro del país en la lista.

En las plenarias de febrero y junio “se debe abordar apropiadamente cómo se están cerrando las brechas y en octubre podría haber una fortaleza para presionar y posiblemente salir en febrero de 2022. Así que 2021 es clave para demostrar que el país tiene una posición”, dijo Aguirre.

Para Barsallo, en la cita de febrero “estamos para mantenernos”, porque “no hay grandes cambios de fondo”. El abogado se ha referido a la falta de implementación del registro único de beneficiarios finales, a pesar de que fue aprobado por ley en marzo de este año.

En ese sentido, Kuzniecky dijo que se le estarán haciendo algunas modificaciones a la ley que creó el registro único, “paso que es indispensable para continuar avanzando con su implementación”.

Esto significa que habrá que esperar a que inicien las sesiones en enero en la Asamblea Nacional, para que el proceso legislativo surta efecto. Luego de la creación de la base de datos y de las respectiva notificación, los agentes residentes tendrán un periodo de seis meses para cargar la información, si esto no se modifica en la ley.

De manera que tendría que pasar buena parte del año para que Panamá pueda presentar esta herramienta como un elemento en uso y efectivo.

Mientras tanto, los abogados internacionales destacan la importancia de que la plataforma sea confiable y que tengan las salvaguardas necesarias para que el sistema no sea utilizado como herramienta de persecución política. Ramón Anzola, director en la Asociación de Abogados Internacionales, dijo a este diario que lo recomendable sería contratar la creación y gestión de la base de datos a algún proveedor “serio y robusto”, que tendría capacidad para crear el registro más rápido y con mayores garantías para, por ejemplo, detectar la intromisión de un hackeador.

“La pregunta no es si van a intentar hackear el registro de beneficiarios finales. La pregunta es cuántos hackeadores por día tratarán de hacerlo”, apuntó.

Los registros de beneficiarios finales se han extendido como herramientas para tener información sobre los verdaderos dueños de las sociedades, con el fin de minimizar su uso para ocultar dinero ilícito. Esta es una de las tareas que tiene Panamá, según la evaluación del GAFI, y su correcta implementación es uno de los aspectos medulares para salir de la lista gris.

Edición Impresa