La Dirección General de Ingresos (DGI) ordenó la suspensión de los derechos corporativos de 56 mil personas jurídicas por acumular más de tres años de morosidad en el pago de la tasa única.
La DGI publicó en Gaceta Oficial resoluciones con las listas de las empresas morosas y le corresponde al Registro Público formalizar la suspensión.
En 2019, a través del decreto ejecutivo 905 se ordenó al Registro Público la creación del estatus de suspendido, para identificar a las sociedades que se encontrasen en esa situación, según lo establecido por el Código Fiscal, modificado por la Ley 52 de 2016.
Además de por acumular tres años sin pagar la tasa única, otro motivo que puede suponer la suspensión de los derechos de una sociedad es permanecer sin agente residente por más de 90 días calendario.
En 2019 ya se hizo una gran depuración y se suspendieron 405,003 sociedades que no cumplían con los requisitos legales.
Al 31 de marzo de este año, según la información facilitada por el Registro Público, había 763,748 sociedades activas y 395,159 sociedades con estatus suspendido.
La mayor parte de las sociedades suspendidas lo están por morosidad en la tasa única (345,169), mientras que por no tener agente residente están suspendidas 27,282 sociedades y por ambos motivos suman 22,708.
A esas 395,159 sociedades suspendidas a finales de marzo se irán sumando las 56,019 listadas por la DGI a medida que el Registro Público haga el procedimiento interno para la anotación de la suspensión.
Cuando una persona jurídica está suspendida no puede iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos, entre otros impedimentos.
El director general de Ingresos, Publio de Gracia, dijo que “ya sea en Panamá o en el mundo, esa sociedad está suspendida de tener cualquier tipo de actividad corporativa”.
Explicó que una sociedad suspendida puede reactivarse con el pago de una multa de $1,000 y cancelando la morosidad o subsanando la falta que provocó la suspensión. Si se acogen a la nueva amnistía fiscal, en lugar de $1,000 de multa pagarían $250, comentó De Gracia.
La ley establece que si dos años después de la suspensión una sociedad no se ha reactivado, el Registro Público procederá con la cancelación definitiva y, como consecuencia, se entenderá que la persona jurídica quedará disuelta de manera definitiva.
De Gracia explicó que actualmente se está estudiando cómo proceder en este tipo de situación, ya que, por ejemplo, puede haber sociedades que tengan activos.
Luego de la suspensión de sociedades que se efectuó en 2019, a finales de este año habrá un gran número de personas jurídicas que completarán los dos años tras haber sido suspendidas.
El abogado Carlos Barsallo dijo que esto puede derivar en un asunto corporativo complejo, aunque también dijo que habrá muchos casos en los que los clientes dejaron las sociedades sin activos y crearon otras.
El abogado señaló que en el pasado hubo medidas para propiciar la suspensión de sociedades, pero de manera tímida y que ahora hay un proceso de ejecución más concreto.
Señaló que el hecho de que se suspendan los derechos de gran cantidad de sociedades es el cúmulo de años de desorden. Anteriormente, comentó, había una cultura de que se dejaba de pagar las obligaciones de una sociedad y cuando se quería reactivar se pagaba la multa, la morosidad y los recargos, dijo.
“Si una sociedad no paga la tasa única, ¿cómo andarán sus libros, sus finanzas y sus controles?”, se preguntó. En su análisis, Barsallo concluye que “en este momento, es mejor tener menos sociedades. ¿Para qué quieres cientos de miles que son potencial peligro y que son, en algunos casos, malos pagadores y no pagadores... Se supone que al negocio de sociedades le vas a ganar algo. Si no le ganas, ¿para qué te interesa como estado?”.
Bayardo Ortega, director general del Registro Público, comentó la importancia de la figura del agente residente y del pago de la tasa única, lo que justifica que se suspendan los derechos de las sociedades en caso de incumplimiento. Enmarcó estas acciones como un proceso de saneamiento de las personas jurídicas registradas en Panamá. En el mismo sentido, De Gracia dijo que es, además, parte del compromiso de Panamá con la fiscalidad internacional, de hacer valer la ley con todas las sociedades que no cumplen sus obligaciones. Recordó que aunque se suspendan, las sociedades tienen que garantizar la información sobre beneficiario final y registros contables.
Julio Aguirre, consultor financiero especialista en prevención de blanqueo de capitales, dijo que en Panamá hay muchas compañías que han sido constituidas y que no tienen operación. Explicó que la depuración del registro daría más claridad sobre el universo de sociedades real que se tiene que abordar a la hora de la creación del registro único de beneficiarios finales y mejoraría la efectividad de las leyes que establecen controles sobre estas sociedades, como la que establece la obligatoriedad de mantener registros contables.
Además, señaló que sin la depuración, las estadísticas pueden mostrar un mayor nivel de exposición de Panamá a que sociedades que están en su registro sean utilizada para actos ilícitos, cuando lo que se debe mostrar es que se tiene control sobre las sociedades que figuran en el registro.
