En apenas un año, el saldo de la deuda del sector público no financiero se elevó en $4,379.8 millones al cierre de octubre, según el reporte más reciente de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El aumento de la deuda se explica principalmente por el balance deficitario en las cuentas públicas, debido a unos ingresos limitados producto de las restricciones impuestas por el Gobierno para contener la pandemia, y al aumento del gasto público.
La deuda se ubicó al cierre de octubre en $40,126.6 millones, superando por primera vez los $40,000 millones. Tomando como referencia el contrato de la línea 2 del Metro de Panamá, que fue de $2,062 millones, con el monto que debe la República daría para construir 19 líneas de metro similares.
Y solo con el incremento del último año daría para hacer dos líneas de metro y aún sobrarían recursos.
El aumento de la deuda se traduce en mayores intereses, gastos de obligado cumplimiento que se tienen que incluir en el presupuesto general del Estado cada año, restando capacidad de maniobra para otro tipo de inversiones o gastos sociales.
Precisamente para calibrar la solvencia de un país, uno de los indicadores de referencia es el peso de los intereses sobre los ingresos generados. Otro, quizá más conocido, es la relación entre el saldo de la deuda y el producto interno bruto (PIB), un reflejo del nivel de endeudamiento de un país respecto al tamaño de su economía.
El economista Olmedo Estrada dijo que en el pasado los gobiernos fueron incrementando la deuda, pero como también crecía la economía, la relación entre deuda y PIB se mantenía en niveles relativamente bajos.
No obstante, las fuertes restricciones impuestas a la economía durante la pandemia por la actual administración tuvieron un doble impacto en los indicadores fiscales, ya que por un lado provocaron el desplome del PIB y de los ingresos, y por otro dispararon la deuda para precisamente cubrir los ingresos faltantes y los gastos adicionales generados.
Por otro lado, al no tener banco central, el Gobierno captó recursos para programas de apoyo financiero y estímulo a la economía, algunos de los cuales no tuvieron que ser utilizados.
Además, al contrario de lo que han reclamado varios sectores de la sociedad civil, el gasto corriente o de operaciones del Gobierno ha seguido aumentando, como reflejan los balances fiscales.
El resultado de todo esto es el fuerte deterioro de las finanzas públicas, lo que se refleja, por ejemplo, en el salto experimentado por la relación deuda-PIB, que pasó de 46.4% a 69.8% entre 2019 y 2020, un aumento de más de 23 puntos porcentuales.
Este año el saldo de la deuda crece, pero también lo hace la economía tras el paulatino levantamiento de restricciones. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera que para el cierre del ejercicio la relación deuda-PIB se reduzca ligeramente a alrededor de 69%.
Domingo Latorraca, quien fuera viceministro de Economía hace 20 años, cuando la relación deuda-PIB era similar a la actual, señaló que es importante que a partir de 2022 se empiece a ver un descenso en el peso de la deuda sobre la economía, algo que no espera que suceda de forma abrupta sino gradual.
Además, hizo énfasis en la calidad del gasto. “La sociedad cuestiona mucho porque percibe que el gasto no es eficiente, que se gasta y no se invierte... Cada dólar que tú inviertas en lugar de gastarlo, y sobre todo en lugar de malgastarlo, es un dólar que ayuda a que tu PIB crezca y a que haya una mejor focalización de los recursos”, sostuvo.
En una línea similar, Estrada dijo que “el problema es que estamos usando la deuda para cubrir gasto”.
El economista defendió que se deberían utilizar más recursos para invertir y para apoyar a empresas, por ejemplo, a través de programas de garantías, ya que “son las que dan dinamismo a la economía”.
A mediano plazo, la deuda seguirá creciendo en términos absolutos, pero se espera que a un menor ritmo, lo que debe venir determinado por una reducción en los niveles de déficit fiscal.
Este año, el límite de déficit es un rango entre 7% y 7.5% del PIB, y el año que viene el techo baja a 4%.
Las agencias de calificación de riesgo han notado el fuerte deterioro de la economía y las finanzas públicas de Panamá y lo han reflejado en las reducciones en la calificación soberana.
En el caso de Fitch Ratings, la nota está en BBB- con perspectiva negativa, a un solo peldaño de perder el grado de inversión.
El futuro de la calificación soberana dependerá en buena medida del desempeño de la economía, del déficit fiscal y del control de la deuda pública.
