Por más de tres horas, el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, fue fuertemente cuestionado por los diputados de la Comisión de Presupuesto, por los incentivos fiscales a la industria turística establecidos en la Ley 122 de 31 diciembre de 2019.
Eskildsen tuvo que admitir en la Asamblea Nacional que la ley no establece un límite en el monto global del sacrificio fiscal que estaría asumiendo el Estado.
La diputada Zulay Rodríguez fue la primera en cuestionar a Eskildsen, acusándolo de beneficiar a una lista reducida de empresarios y no al sector que ha sido fuertemente afectado por la pandemia respiratoria del coronavirus (Covid-19).
A igual que Rodríguez, los diputados Luis Ernesto Carles y Edison Broce criticaron el alcance de la legislación que le permite a las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, recibir un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas.
Broce pidió en múltiples ocasiones a Eskildsen que confirmara el nombre del proponente de la Ley 122, a lo que el administrador respondió que fue el diputado Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático.
Pineda acusó a Eskildsen de ser el peor administrador que ha tenido la ATP. Indicó que presentó el proyecto luego que Eskildsen se acercara en 2019 con el documento para que fuera discutido en la Asamblea.
En un intento de apaciguar las criticas, Eskildsen reiteró que se mantienen mesas de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas para revisar los puntos que serán reglamentados a través de decretos o bien necesitan ser cambiados con otra ley. El ministro también comentó que fueron los propios diputados los que aprobaron la ley que hoy critican.
