El pasado mes de junio comenzó la fase de masificación voluntaria de la factura electrónica, una alternativa de facturación para los comercios respecto de las máquinas fiscales.
Las empresas que usan equipos fiscales podrán optar por mantenerlos, siempre y cuando les hagan las adecuaciones pertinentes para que estos puedan transmitir la información en línea directamente a la Dirección General de Ingresos (DGI) o bien pueden decantarse por adoptar la factura electrónica, un desarrollo más moderno que brinda ventajas a los comercios, como, por ejemplo, el menor uso de papel.
Operativamente, la facturación electrónica requiere un proceso de validación de los documentos. Para este fin, la DGI ofrece un facturador gratuito para los pequeños negocios que tienen hasta 200 transacciones al mes o $1 millón de ingresos anuales. En este caso, la validación de los documentos la hace directamente la DGI.
Sin embargo, para las empresas con un movimiento comercial superior que quieran pasar a facturación electrónica es obligatoria la contratación de un proveedor de autorización calificado (PAC), empresas que tendrán la función de validar la factura emitida por la empresa y harán de intermediarias entre esta y la DGI.
El exdirector general de Ingresos, Publio Cortés, en cuya gestión se dieron los primeros pasos para la adopción de la factura electrónica, ha cuestionado la introducción de la figura de los PAC.
Cortés señala que en la concepción original del proyecto no se había contemplado el uso de intermediarios, mientras que con el esquema introducido en esta administración, “por obligación establecida por el Gobierno, necesariamente [las empresas] tienen que pagar los servicios de un PAC para que valide las facturas”.
Es decir, las empresas que voluntariamente quieran adoptar la factura electrónica y superen cierto volumen de negocio, no tienen la opción de utilizar el sistema gratuito de la DGI. “Pienso que en esta economía de pandemia, lo más razonable es evitarle a las empresas este gasto a toda costa”, señaló Cortés.
Otro aspecto que cuestiona el abogado es que los PAC tendrán acceso a información de facturación de los clientes, datos sensitivos para cualquier negocio.
Cortés señala que el modelo que se había ideado para Panamá estaba inspirado en el de Chile o de Brasil, que no utilizan PAC pese a ser economías más grandes que la panameña.
Publio De Gracia, actual director general de Ingresos, ha señalado que la introducción de esta figura se hace como parte del proceso de masificación voluntaria de la facturación electrónica y considerando que la DGI no tendría capacidad internamente para procesar toda la información procedente de los comercios.
Dijo que la figura se utiliza en otros países de la región, como México, y que se optó por los PACs luego de asesorarse con organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. De Gracia dijo que en el caso de Chile, el modelo sin PAC ha sido exitoso, pero que tomó muchos años la implementación. No obstante, no descartó que en el futuro se puedan hacer las inversiones necesarias para que la DGI tenga la capacidad de hacer el proceso de validación directamente.
El director de la DGI señaló que ya hay empresas que han mostrado interés en pasar a la factura electrónica, y que también se están tomando las medidas para que los PAC que sean autorizados por la DGI presten el servicio de manera responsable.
“Estamos siendo muy estrictos y disciplinados en la manera que se va a otorgar la autorización. Tienen una fianza grande, requisitos técnicos que cumplir, experiencia...”, dijo De Gracia.
Por ejemplo, las empresas que quieran prestar el servicio de PAC deberán presentar una fianza de cumplimiento por $250,000 al Tesoro Nacional y esta será ejecutada en caso de faltas graves.
Consultada sobre todo este proceso y la figura de los PAC, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura señaló que la DGI debe impulsar el uso de la factura electrónica sobre la factura física y los equipos de facturación fiscal.
El gremio considera que “se pueden utilizar los PAC siempre y cuando las alternativas en el Estado sean vastas y de confianza. Para esto, la DGI debe tener un proceso sumamente transparente de validación y aceptación de PACs que den esa tranquilidad. Si bien es cierto, solo la empresa facturante, el cliente y la DGI deben tener acceso a la información sensitiva de facturación; ante la falta de capacidad de atender volúmenes que se requiere por parte de la DGI, se comprendería que se tenga una figura de PAC”.
La Cámara destacó que “la información que estarán manejando esas empresas es sumamente sensitiva, ya que es la información de compras y ventas de las personas naturales y jurídicas de Panamá. La información es sumamente importante, se trata de datos confidenciales. Hoy día, esto es información altamente custodiada por cada empresa”.
Ingresos corrientes
Uno de los objetivos de los nuevos mecanismos de facturación es mejorar la fiscalización sobre el pago de tributos de los contribuyentes. Si resultan efectivas, las nuevas medidas deberían tener un resultado positivo en la recaudación de ingresos del Estado.
La DGI ha publicado recientemente los resultados de recaudación al mes de junio. Completado el primer semestre del año, los ingresos corrientes suman $2,758.5 millones, cifra que representa un aumento de 31.8% o $664.8 millones respecto a lo presupuestado y de 23.7% o $529 millones respecto al mismo periodo del año pasado.
En la variación influye que el año pasado, por motivos de la pandemia, se postergó hasta julio la fecha de pago de varios impuestos que vencían en la primera mitad del año, según el calendario habitual.
La recaudación generada por la gran mayoría de impuestos está siendo mejor que en 2020, aunque todavía el impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms) sobre las ventas refleja la debilidad del consumo.
En los seis meses completados en junio, el Itbms aún está por debajo de los registros del año pasado y del presupuesto.
Se espera que en lo que resta del año los números generales vayan mejorando respecto a 2020, ya que la economía estuvo paralizada buena parte del ejercicio pasado. De Gracia valoró positivamente que la recaudación mejore los resultados de 2020 y lo presupuestado, dijo que algunos impuestos están mostrando un buen desempeño, pero también reconoció que todavía hay camino por recorrer respecto a un año sin pandemia.
Esto se evidencia cuando se comparan los datos de este año con el último ejercicio previo a la crisis. En la primera mitad de 2019, los ingresos corrientes sumaron $3,377 millones. Por lo tanto, la recaudación de este año es un 18.3% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2019.
