¿Es esta la vida real? ¿Esto es sólo una fantasía? Esta primera línea que Freddie Mercury inmortalizó en la oscura y emblemática Bohemian Rhapsody hoy puede retumbar con fuerza en la conciencia colectiva.
La profunda recesión que atraviesa el mundo y las dificultades para dejarla atrás elevan el desempleo y afectan el bienestar social.
La población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83.4 millones de personas al cierre de este año.
Los sistemas de pensiones también imponen severas presiones para los gobiernos, con programas que tienen los días contados y una estrechez financiera generalizada.
En el caso de Panamá, las proyecciones sobre la situación del Subsistema de Beneficio Definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) realizadas sin cuantificar los efectos de la Covid-19 distan mucho de los análisis que sí consideran el coletazo de la pandemia al cierre de este año.
La Junta Técnica Actuarial (JTA) de la Caja de Seguro Social (CSS) proyectó un escalofriante escenario para 2020.
Su informe, con fecha del 8 de octubre, entregado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indica que al culminar este año el subsistema de reparto definido de IVM tendría un déficit neto de $869.3 millones.
Se llega a este déficit luego de calcular ingresos totales por $843.9 millones y el pago de pensiones por $1,713.2 millones.
Como el dinero que entró al sistema en concepto de cotizaciones está lejos de cubrir el monto que se necesita para pagarle a los jubilados, entonces se recurre a los aportes directos que hace el Estado, por ley, y a los fondos de las reservas.
El dilema es que cuanto más grande es la necesidad de utilizar las reservas, más rápido el programa se queda sin sus ahorros.
Es así como después de ocho años consecutivos de déficit, contados a partir de 2018, se acabarán las reservas en 2025, según los cálculos de la JTA.
Después de esta fecha, todos los déficit que se generen en el subsistema de beneficio definido tendrán que compensarse con fondos estatales, en caso de que no se haga ninguna reforma al sistema de pensiones.
¿De cuánto estaríamos hablando?
La actual administración de la CSS, liderada por Enrique Lau, ha reconocido que existe un problema estructural que hace insostenible el sistema a largo plazo, pero se ha enfocado en encontrar el mecanismo para tapar el déficit de flujo de caja del IVM de los últimos dos años (2018 y 2019).
Mientras, el presidente Laurentino Cortizo ha prometido convocar a un diálogo nacional en noviembre para discutir el futuro del sistema de pensiones.
La JTA ha sentado lo que serían las bases de esta conversación. Ha visualizado uno de los desafíos más importantes que tendrá el país. Hizo corridas utilizando variables como el comportamiento de la mortalidad, el empleo y los salarios para medir la falta de ingresos.
En cualquiera de los ejercicios realizados, mientras más tiempo pasa, mayor es la incertidumbre.
Las proyecciones indican que en 2026 el Estado tendría que poner más de $1,000 millones para tapar el déficit y honrar el pago de los jubilados porque ya no habrá reservas de donde seguir cubriendo la falta de ingresos.
“Esto se va poniendo peor con los años. En 2029 ya serían $1,800 millones que tendría que poner el Estado. Y para 2031 más de $2,000 millones, que es el equivalente de una línea del metro”, alertó Jorge Nicolau, miembro de la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), quien durante los últimos años se ha dedicado al análisis de los estados financieros de la CSS.
“En el 2040 ya serían $4,000 millones”, enfatizó con preocupación sobre los efectos que esto tendrá en la economía.
Ese año podría sonar lejano, pero para dicha fecha estarían en edad de jubilación quienes actualmente se encuentran en plena época productiva y que forman parte del subsistema de beneficio definido.
Las necesidades del sistema de pensiones serán tan grandes que de forma acumulada el déficit llegará a totalizar el equivalente a todo el producto interno bruto del país.
Es así, porque tal como indica el informe de la JTA, el crecimiento del déficit se va acelerando en un periodo de 10 años, pasando por $1,370 millones por año hasta niveles de más de $6,000 millones en el peor escenario por año.