La pandemia del nuevo coronavirus ha lastrado la generación de ingresos para el Gobierno, como consecuencia de la paralización de buena parte de la actividad económica del país.

En el seno del Ministerio de Economía y Finanzas se calcula que al cierre del año la brecha entre los ingresos presupuestados y los efectivamente generados será de $3,000 millones.

Mientras, el Gobierno ha debido reajustar el presupuesto para darle prioridad a las necesidades ocasionadas por la pandemia, pero también ha buscado mantener el nivel de gasto establecido en el presupuesto para no afectar más a una economía debilitada por la crisis.

La consecuencia inevitable de esta ecuación es un aumento importante del déficit fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos.

Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta para modificar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, norma que establece límites a los niveles de déficit.

Así, para este 2020, se propone pasar de un límite de 2.75% a un rango entre 9% y 10.5%; mientras que para 2021 se pasará de un límite de 2% a un rango entre 7% y 7.5%. En esta reforma se incluyen por primera vez rangos de déficit, por la incertidumbre sobre el desempeño de la economía.

Alexander dijo que tener una estimación del PIB nominal para 2020 “no es una tarea fácil” debido a la falta de información, la utilización de datos que contienen incertidumbre, un ambiente económico cambiante y el comportamiento impredecible de la pandemia.

Según la última estimación pública del MEF, la economía se contraería este año un 9%, y el producto interno bruto nominal caería de $66,801 millones en 2019 a $60,789 millones este año. Con una mayor capacidad de déficit el Gobierno puede “tener una política anticíclica para inyectar recursos a la economía en un momento que se necesita”, dijo el titular de la cartera.

Luego de unos déficits elevados en 2020 y 2021 a consecuencia de la crisis, a mediano plazo se espera retornar a niveles más moderados. Para 2022, el techo será de 4%; para 2023 y 2024 se reducirá a 2%; y de 2025 en adelante el límite será de 1.5% del PIB.

De esta forma, “a finales del periodo volveremos a niveles de déficit parecidos a los que se tenían antes de la crisis y mantendremos la sostenibilidad de la deuda pública”, dijo Alexander.

Presupuesto 2021

El titular de la cartera del MEF llevó el proyecto de ley de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal luego de la autorización del Consejo de Gabinete del pasado 19 de octubre.

En la misma sesión se autorizó al MEF a llevar nuevamente el presupuesto general del Estado para el año 2021, luego de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea lo devolviera al Ejecutivo con una serie de recomendaciones.

Lea aquí la Resolución de Gabinete No. 74 del 19 de octubre de 2020

Carlos González, director de Presupuesto de la Nación, confirmó a este diario que el presupuesto fue presentado a la Comisión por secretaría y explicó que se efectuaron ajustes en los ingresos y gastos de algunas entidades.

En concreto, se produjeron aumentos de gastos por $781.6 millones y disminuciones de gastos por $678.2 millones, dando como resultado un aumento en el presupuesto de $103.4 millones, para totalizar $24,192 millones. La diferencia será compensada con ingresos propios y saldos en caja de varias entidades, como la Caja de Seguro Social, la Universidad de Panamá y la Autoridad de Aduanas, entre otras según consta en la Resolución de Gabinete que autorizó las modificaciones.

Moody’s pone en negativa la perspectiva de la deuda

Moody’s Investors Services cambió ayer a negativa la perspectiva de la calificación de la deuda de Panamá, que fue afirmada en Baa1.

El factor principal para cambiar la perspectiva se debe a la consideración de que, en ausencia de una significativa consolidación fiscal y una recuperación económica sostenida, el fuerte deterioro en las métricas fiscales y de deuda seguirán debilitando el perfil crediticio de Panamá en los próximos años, señaló la agencia en un comunicado emitido ayer.

De las tres grandes agencias internacionales, Moody’s era la única que mantenía hasta la fecha la perspectiva de la calificación en estable. Fitch Ratings la puso en negativa en febrero y S&P Global Ratings lo hizo en abril. La perspectiva negativa refleja la posibilidad de que a mediano plazo se produzca una rebaja en la calificación de riesgo del país.