El gasto en intereses y comisiones generados por la deuda pública han seguido una trayectoria ascendente en los últimos años, así como lo ha hecho el saldo de la deuda del sector público no financiero.
Según el reporte más reciente de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre enero y septiembre el Gobierno destinó $1,341.7 millones en concepto de intereses y comisiones.
Si se le añaden los $2,257.7 millones utilizados para pagos de capital, el servicio de la deuda en el periodo totaliza $3,599.7 millones.
El gasto en intereses y comisiones supera los registros de los ejercicios anteriores. En el mismo periodo de 2020 se destinaron $1,205.8 millones, es decir, $135.9 millones menos que este ejercicio.
En 2019, el gasto había sido de $1,075.1 millones y si nos remontamos a 2018 la cifra no superaba los mil millones de dólares.
Así, el gasto en términos absolutos ha ido creciendo paulatinamente, mientras el saldo de la deuda al 30 de septiembre se ubicó en $39,999.5 millones.
El aumento del gasto en intereses ha coincidido con una situación de menores ingresos públicos como consecuencia de la crisis económica causada por las restricciones impuestas por el Gobierno para contener la pandemia del nuevo coronavirus.
Según la agencia Moody’s Investors Service, el peso de los intereses sobre los ingresos públicos pasó de un 10.2% en 2019 a un 14.5% en 2020. La agencia señaló que el principal factor que contribuyó al aumento del ratio fue la caída de los ingresos del año pasado.
Este año, de la mano del levantamiento de las restricciones a la actividad económica, se está produciendo un aumento en los ingresos públicos y por lo tanto la agencia espera que el ratio entre intereses e ingresos caiga a un 13.5%.
Pese al ajuste, el incremento de la carga de los intereses sobre los ingresos en el periodo 2019-2021 estará entre los más elevados cuando se compara con países con similar calificación de riesgo, según Moody’s.
La agencia ha señalado que antes de la pandemia Panamá tenía una fortaleza fiscal relativamente alta respecto a otros países en su misma categoría de calificación (Baa), una posición de ventaja que se habría perdido por el mayor deterioro sufrido en los últimos ejercicios, particularmente el año pasado.
La relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB) pasó de un 46.4% en 2019 a un 69.8% en 2020, un aumento de más de 23 puntos porcentuales. Para este año, la agencia pronostica que la relación caerá a un 67.1%, de la mano de un menor déficit y un rebote en el PIB. Este indicador estará en línea con la mediana de los países con calificación Baa2, la misma que tiene Panamá.
La agencia señala que más allá de 2022 la trayectoria de las métricas de deuda dependerán mucho de la capacidad del Gobierno de cumplir los límites de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, afrontar los riesgos vinculados a la Caja de Seguro Social, así como los crecientes desafíos que genera una estructura de gasto más rígida.
Este último punto tiene que ver con el aumento del gasto en planilla y también en los intereses asociados a la deuda.
El economista Olmedo Estrada señaló que el creciente pago de intereses limita los recursos que se pueden destinar a salud, educación o al Ministerio de Obras Públicas. Por eso, a su juicio, al país le conviene la inversión en sectores productivos porque directa e indirectamente van a generar ingresos, un beneficio que no se tendrá si los fondos se destinan al gasto de operaciones.
Estrada mantuvo que Panamá no puede dejar de pagar la deuda, porque eso castigaría el grado de inversión, un sello de buen pagador que permite al país acceder a financiamiento con condiciones favorables.
De hecho, a pesar del fuerte deterioro en las métricas de deuda de 2020, Panamá ha seguido accediendo al mercado con facilidad. La Dirección de Financiamiento Público señaló en el reporte que los indicadores de riesgo soberano al cierre de septiembre están en posiciones favorables respecto a otros pares de la región, “lo que demuestra la confianza que siguen teniendo los inversionistas en nuestro perfil crediticio”.
