La pandemia del nuevo coronavirus ha mermado drásticamente los ingresos de las administraciones públicas de todo el mundo y ha elevado las transacciones de la economía digital, reabriendo el debate sobre la tributación de este tipo de actividades.
En Panamá, por el momento no se han tomado decisiones definitivas al respecto, pero en la Dirección General de Ingresos (DGI) se creó una mesa técnica que aborda el tema y que prepara una propuesta para llevarla a la Asamblea Nacional, donde ya se discute el proyecto de Ley 229, que promueve la tributación de plataformas de intermediación digital. Presentada en octubre de 2019 por el diputado Raúl Pineda, la iniciativa se retomó nuevamente este año y fue remitida a una subcomisión.
Una de las principales dificultades para que la economía digital tribute es que las grandes empresas que prestan este tipo de servicios no están domiciliadas en Panamá y no están registradas como contribuyentes.
José Luis Galíndez, especialista en tributación internacional, explica que “los modelos de negocios digitales ocasionan que no se configure un establecimiento permanente para la atribución de beneficios en una jurisdicción, conforme a las disposiciones fiscales nacionales actuales en la mayoría de las jurisdicciones”. Como consecuencia, “las denominadas GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), a través de sus modelos de negocio, han producido situaciones de tasas efectivas de impuesto sobre la renta muy por debajo al resto de los contribuyentes”, explicó.
Además, dentro de la economía digital conviven varios modelos de negocio. No es lo mismo hacer una compra de un producto en Amazon, que el modelo de una plataforma que pone en contacto a un cliente con un prestador de un servicio (como Uber o Airbnb), o redes sociales como Instagram.
Gerardo Herrera, asesor de la DGI, comentó a este diario que para poder gravar es importante entender los negocios.
Como estas compañías no están registradas en Panamá, el fisco carece de información sobre sus transacciones y, por lo tanto, no tendría qué ganancias o ingresos gravar. Por eso, una de las aspiraciones de la DGI es la creación de un registro voluntario de plataformas para que se empiece a generar información y tener una base sobre la cual pagar un impuesto. Si estas compañías empiezan a tributar, se equilibraría en cierta forma la competencia con actores locales que se desempeñan en las mismas actividades y que sí están obligados a pagar impuestos.
Impuesto indirecto
Varios países han introducido una retención en las tarjetas de crédito al momento de hacer la compra de servicios digitales, lo que sería una tributación indirecta al consumo. Las autoridades panameñas hablan de que aquí se buscan soluciones integrales y también se está analizando esta posibilidad, pero por el momento la primera intención es la creación de un registro voluntario para las empresas.
Aunque la intención de empezar a gravar estas operaciones es firme, las autoridades incluyen en sus consideraciones otros aspectos. Herrera comenta que no se quiere desincentivar la posibilidad de que compañías internacionales como estas puedan crear en Panamá centros de innovación. Además, hay panameños que trabajan en estos modelos de negocio y si se imponen tasas elevadas podría desincentivar estas actividades y repercutir en la generación de ingresos de esos trabajadores.
Además, desde gremios de consumidores llaman la atención sobre la importancia de no afectar más el poder adquisitivo de la población, que ya se ha visto mermado por la crisis del nuevo coronavirus. “Un impuesto al consumo implicaría una carga adicional a todo lo que ya estamos sufriendo los consumidores”, apuntó Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios.
La discusión no es exclusiva de Panamá. El tema de la tributación directa se aborda también en el Marco Inclusivo del Proyecto BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y Panamá forma parte de las conversaciones.
Se espera que antes de que termine el año surja un consenso sobre cómo abordar la tributación directa de la nueva economía, así que expertos como Galíndez sugieren que una alternativa para los países es esperar a que se produzca este consenso en el foro internacional para adoptar prácticas locales.