La lucha contra el blanqueo de capitales requiere del funcionamiento efectivo de todo un sistema que integra actores del sector público y privado. Y esos pilares deben ser fortalecidos a través de medidas jurídicas y recursos para poder implementar las acciones de manera eficiente. Este es uno de los mensajes que planteó ayer en el Primer Congreso de Sujetos Obligados No Financieros, Gustavo Vega, secretario ejecutivo de Gafilat, el brazo regional del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Para hacer una labor efectiva, el ejecutivo de Gafilat dijo que el primer paso es el entendimiento de los riesgos de cada sector. Así se podrán asignar la mayor cantidad de recursos para prevenir la comisión de los delitos en los sectores más riesgosos.
Esta visión se aplica al país en su conjunto, pero también a cada uno de los sujetos obligados, es decir, las empresas, tanto financieras como no financieras, que son el primer eslabón en la cadena de actores para la prevención del delito y detección de transacciones que pueden estar vinculadas al blanqueo de capitales.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), David Saied, explicó en el foro que cuando se producen operaciones semanales en efectivo por más de 10,000 dólares con un cliente o transacciones sospechosas, se deben generar reportes que luego son analizados por la UAF.
Saied expuso que entre enero y mayo de 2021, la UAF ha recibido 1,525 reportes de operaciones sospechosas, cifra que representa un aumento de 14% si se compara con el mismo periodo del año anterior. La tendencia sigue siendo creciente luego de un 2020 que ya había superado los registros de los años precedentes.
También aumentó la cantidad de informes de inteligencia financiera que la UAF envió al Ministerio Público y a la Dirección General de Ingresos, luego de hacer sus respectivos análisis de los reportes de operaciones sospechosas.
Consultado en el foro sobre el resultado de esos informes, dijo que la información precisa la tendría el Ministerio Público, pero que su estimación es que la mayoría de los informes -más de un 90%- se traducen en investigaciones y que estas deben seguir su debido proceso en las distintas instancias.
El abogado Carlos Barsallo señaló ayer a este diario que el aumento de reportes de operaciones sospechosas puede suponer una mayor conciencia y actividad por parte de los sujetos obligados, pero hizo hincapié en la importancia de que los mismos sean de calidad y que esto se refleje en los resultados, ya que “no se hacen por deporte, sino por un fin preventivo y, si al final hay blanqueo, que se traduzca en sanciones”.
Precisamente uno de los desafíos históricos de Panamá es que los reportes se traduzcan en investigaciones y eventualmente condenas por blanqueo de capitales.
Zona Libre de Colón
El congreso, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), abordó la situación de algunos sectores no financieros que han sido identificados por tener un mayor riesgo para el blanqueo de capitales.
Uno de ellos es la Zona Libre de Colón (ZLC). El gerente general de la zona franca, Giovanni Ferrari, planteó dos iniciativas que tiene la administración para mitigar los riesgos de blanqueo. Una es la creación de una clave de comprador, con la que se identificará a los clientes de la zona libre y ayudará a hacer los procesos de debida diligencia y a mejorar la trazabilidad de las transacciones.
El otro proyecto tiene que ver con la creación de una tarjeta virtual en la que los clientes puedan depositar sus fondos para pagar los compromisos en la zona libre. El ejecutivo señalo que los clientes extranjeros usan efectivo por las elevadas comisiones que se cobran para las transferencias bancarias internacionales. “Tenemos que buscar una fórmula donde se estimule el dinero electrónico para poder dar la trazabilidad de fondos y evitar el movimiento transfronterizo de efectivo”, sostuvo.
El representante de Gafilat reconoció que las políticas de prevención son costosas tanto para las administraciones públicas como para el sector privado, pero señaló que a través del fortalecimiento de los distintos actores del sistema se puede “no solo salir de las listas, que es secundario, sino asegurar que nuestros países tengan en la comunidad internacional una aceptación mucho más favorable”.
