El secretario técnico de la Comisión contra el Blanqueo de Capitales, Dani Kuzniecky, señaló ayer que el proyecto de ley 624, que plantea reformas a distintas leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales, representa la actualización de los estándares internacionales en esta materia.
El proyecto de ley fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas el pasado mes de abril y no ha tenido mayor avance en el debate parlamentario.
El proyecto ha recibido cuestionamientos por parte de algunos gremios, principalmente de abogados, entre otras medidas por el aumento de las sanciones máximas que se plantean, que pasarían de $1 millón a $5 millones.
Kuzniecky dijo que el proyecto ya sido “demonizado” y reconoció que hay división, pero finalmente, dijo, “será una decisión de país”.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ha señalado que con este proyecto se busca, entre otros aspectos, mejorar la efectividad en el intercambio de información fiscal, una de las deficiencias que se han identificado en las evaluaciones internacionales.
Avanzar en este sentido podría suponer pasar de la lista negra a la gris en la clasificación de la Unión Europea de territorios no cooperadores en materia fiscal. Ese cambio podría librar a Panamá de las medidas fiscales que introducirá Alemania a partir de 2022 para disuadir a sus empresas de hacer negocios con países que figuran en la lista negra de la UE, como es el caso de Panamá.
Entre los pasos a seguir en la estrategia para avanzar en la prevención y castigo del blanqueo de capitales está el entendimiento del riesgo del sector corporativo; la supervisión de sujetos financieros y no financieros sobre las medidas de prevención; la aplicación de sanciones disuasivas; el acceso a información actualizada y oportuna de los beneficiarios finales de entidades y estructuras jurídicas; las investigaciones criminales haciendo uso de productos de inteligencia; y la cooperación internacional.
Con estos esfuerzos se pretende avanzar para salir de las listas discriminatorias y evitar la amenaza de caer eventualmente a una lista negra de GAFI.
En la última evaluación al país, efectuada en junio, el organismo reconoció los avances de Panamá. Dijo que de los 15 puntos del plan de acción, cinco se cumplían ampliamente y diez parcialmente, pero recordó que las fechas para ejecutar el plan de acción habían expirado e instó a Panamá a tomar medidas urgentes para abordar las deficiencias estratégicas pendientes. El resultado de la próxima evaluación del país se conocerá en octubre, cuando GAFI celebre la tercera y última plenaria del año.
