Un programa de inversiones especiales para mejorar el servicio de distribución de energía eléctrica en la República de Panamá se aplicaría a través de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas y aprobado en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
Según el proyecto, estas inversiones se realizarán con los montos provenientes de las reducciones tarifarias pendientes o remanentes desde el 2011, así como las multas impuestas por incumplimientos de las normas de calidad establecidas, a las empresas distribuidoras de energía eléctrica ENSA y Naturgy.
Se trata de un monto de aproximadamente $70 millones, según sustentó en la comisión el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, en representación del Órgano Ejecutivo, proponente de la iniciativa. La legislación vigente señala que las sanciones que se apliquen a las empresas de distribución por incumplimiento del servicio se le deben retribuir como crédito en la factura a los clientes del sector.
En la exposición de motivos del proyecto se indica que las constantes quejas que se han dado últimamente sobre la falta de fluido eléctrico en varios sectores de la República, se deben a la falta de mantenimiento de la red, y aunque en la actualidad se está planeando ejecutar un programa de inversión, no se puede asegurar que con el mismo se logren diferencias significativas en la calidad del servicio.
Consultado sobre esta iniciativa, Giovani Fletcher, del Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), dijo que en el fondo parece loable que el Estado se preocupe por las redes eléctricas que en el interior y otros puntos son un desastre, sin embargo, “es una vergüenza añadida que se tenga que crear una ley especial para forzar una medida que es connatural a las distribuidoras”. Agregó que es penoso que se tenga que hacer una ley adicional a elementos que están vinculados a la propia Ley 6 de energía eléctrica y que estaba establecido en los contratos y la decena de resoluciones del regulador.
Además, dijo, llama la atención que se vayan a utilizar los ahorros o multas en eso porque en teoría las sanciones deberían entrar al fondo común del Estado.
“Que se destine hacia allá, me parece una forma de redireccionar fondos que surgen de la propia actividad. El tema de que se haga retroactiva a 2011, no se cómo se come eso o cómo van a aplicar multas o ahorro energético que se generó en 2012 o 2013”, agregó Fletcher