Luego de haber registrado un déficit fiscal de $5,350.4 millones en el año 2020, uno de los principales desafíos de Panamá en materia de manejo de las finanzas públicas es ir rebajando paulatinamente los niveles de déficit fiscal para que, a su vez, se contenga el peso de la deuda pública. Ambos indicadores se habrán elevado sustancialmente en 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.
En una situación de fuerte caída de ingresos como efecto de la paralización de actividades económicas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acudió el año pasado a la Asamblea Nacional con una propuesta de cambio a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal con el objetivo de elevar los niveles de déficit permitidos.
El titular de la cartera, Héctor Alexander, dijo que en la entidad conocían que el déficit se dispararía, ya que, dada la caída de ingresos, la estrategia fue captar recursos del exterior para sostener cierto nivel de gasto y seguir pagando los compromisos del Gobierno, como los salarios de los empleados públicos, el gasto sanitario y los subsidios, entre otros.
El camino que marca a futuro la reformada Ley de Responsabilidad Social apunta a una rebaja en el déficit. En 2020, el balance fiscal preliminar arrojó un déficit de 9.95% del producto interno bruto (PIB), dentro del límite establecido en la reforma; para 2021 el techo baja a un nivel entre 7% y 7.5% del PIB; en 2022 cae hasta un 4%, y así progresivamente hasta un 1.5% para 2025 y los años sucesivos.
Ese es el objetivo del Gobierno. No obstante, en su último informe sobre Panamá, en el que se anunció la rebaja de calificación de BBB a BBB-, la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings plasmó la existencia de riesgos para la trayectoria de deuda del Gobierno, así como la incertidumbre sobre el cumplimiento de esa senda de consolidación fiscal trazada en la ley.
La agencia considera que el objetivo para este 2021 se puede conseguir de la mano de una recuperación parcial de la economía, pero las dudas arrecian para lograr los límites más estrechos en los años siguientes.
“Esperamos que el Gobierno va a tener dificultades en cumplir la meta de 2022. Va a haber una recuperación cíclica en la economía y en las cuentas fiscales en 2021 y en 2022. Sin embargo hay dificultades en cuanto a la consolidación si no hay alguna medida estructural que mejore los ingresos del Gobierno”, sostuvo Carlos Morales, director en el equipo de soberanos de la calificadora Fitch.
Consultado al respecto, el ministro Alexander fue tajante y señaló que “hay que cumplir los límites”. “Tenemos que tener un buen control de las finanzas públicas. Es una tarea de todas las instituciones”, sostuvo.
El titular de la cartera es el padre de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, creada en 2008 como una herramienta ideada para controlar los niveles de gasto. La realidad, no obstante, ha sido que los distintos gobiernos han acomodado la ley a sus necesidades de gasto, minando la credibilidad de la política fiscal en el tiempo.
Morales dijo que si el Gobierno alcanza esta consolidación fiscal, mejora la posición fiscal y la trayectoria de la deuda pública sería un factor positivo que podría llevar a la estabilización de la perspectiva de la calificación, actualmente en negativa.
El economista Olmedo Estrada coincidió en que habrá dificultades para cumplir los objetivos de déficit si no se toman algunas medidas. En la parte de los ingresos, prevé que este año no se podrán alcanzar los montos presupuestados debido a la falta de actividad de empresas y a la suspensión de contratos laborales. En la parte del gasto, dijo que se debe incentivar la inversión, por ejemplo a través de figuras como la Asociación Público Privada, para dinamizar la economía, y contener el gasto improductivo, haciendo una revisión de los subsidios y de los gastos en planilla.
“En este tiempo de pandemia es cuando más exigentes tenemos que ser en la administración del gasto público”, sostuvo.