Los pilotos y oficiales del Canal de Panamá y la administración de la vía acuática se enfrentan en una disputa que parece no tener tregua.
Después de acusaciones y desmentidos por ambas partes desde la semana pasada, ayer las organizaciones que reúnen a los capitanes, prácticos y oficiales de cubierta e ingenieros marinos del Canal reiteraron que hay planes de privatizar el servicio de remolcadores que operan por la vía interoceánica.
Estas advertencias se dan a conocer, a pesar de que el pasado miércoles la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), emitió un comunicado rechazando la denuncia.
Pero, para los gremios profesionales de oficiales de marina, “hay razones plenamente justificadas” por parte de la ACP, para cumplir con el objetivo de “privatizar”.
La relación entre los trabajadores y la administración del Canal nunca ha sido fácil, es más bien tensa. Llegaron a un punto crítico el año pasado, cuando negociaban una convención colectiva, ahora vigente, y que regirá en el Canal de Panamá hasta 2021.
Pero después de concluido el largo proceso, y dadas las denuncias de los oficiales, la ACP asegura que buscan recibir más beneficios económicos que afectarían los aportes que hace la empresa canalera a 4 millones de panameños.
Londor Rankin, secretario general de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá (UPCP), explica que el primer paso que pretende dar la ACP es cambiar el Reglamento de Navegación en Aguas del Canal, para permitir que los remolcadores comerciales con los que el organismo tiene contrato de servicios, operen a lo largo y ancho de la ruta marítima.
Con esta medida, la ACP otorgaría una exención de practicas de pilotaje a embarcaciones menores y remolcadores comerciales, lo que permitiría a los buques contratar el servicio de remolcadores a empresas privadas, afectando negativamente la seguridad, eficiencia y rentabilidad de las operaciones, señala el oficial.
Además, los sindicatos canaleros representados por la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta, la Unión de Ingenieros Marinos y la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, aseguran que los prácticos de los remolcadores comerciales no cumplen con el programa de capacitación que acredita la ACP, que consiste en un proceso de formación en una escuela náutica por un período de cuatro años, un mínimo de 520 turnos de 8 horas cada uno, bajo la supervisión de capitanes idóneos y exámenes rigurosos.
Cristóbal Fálquez, secretario general de la UCOC, asegura que no se trata de cuestionar el profesionalismo de los capitanes que no son de remolcadores de la ACP, pero es muy importante advertir que para cumplir con esta misión los capitanes tienen que estar debidamente acreditados.
El gremio, además, cuestiona que por no haber comprado en su momento nuevos remolcadores ni haber ampliado la capacitación de nuevos pilotos para atender la demanda del Canal ampliado, la ACP no puede hacer frente a la demanda existente.
“Entre julio de 2016 a enero de 2017, hubo por lo menos 98 asistencias llevadas a cabo por remolcadores privados, además contratos que suman $7.1 millones, en beneficio de algunas compañías”, aseguran los representantes de los sindicatos.
Cuestionan también el hecho de que la autoridad marítima alega que tiene operativos 46 remolcadores, pero en realidad solo 35 están funcionando , de los cuales algunos son inseguros para la operación.
Por su parte la ACP agrega que la propuesta de cambio al Reglamento de Navegación obedece a la necesidad de ajustar el reglamento a la práctica que se viene realizando en la vía interoceánica desde hace cuatro décadas, y que solo en los meses recientes se ha convertido en un tema de controversia con estos sindicatos.
En tanto, respecto a la flota de remolcadores del Canal de Panamá, la autoridad marítima explica que es óptima para atender la actual demanda de tránsito y la planificación que se tiene para adquirir nuevos equipos contempla que los remolcadores estén en servicio al momento en que la demanda proyectada lo exija.
El Canal asegura que el gasto en asistencia por remolcadores comerciales de julio de 2016 a enero de 2017 ha sido de $799 mil. Los oficiales hablan de una partida de $7.1 millones.