La deuda pública de Panamá alcanzó los 36,959.9 millones de dólares al 31 de diciembre de 2020. Eso representó un aumento de 5,941.4 millones en un año. De ese monto, según informa la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, unos 29,817.4 millones de dólares corresponden a la deuda externa del país.
Las perspectivas de las finanzas públicas para este año son pesimistas, ya que Panamá ha tenido que pedirle al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito de hasta 2,700 millones de dólares para los próximos dos años. Aunque este no es un préstamo, si no una especie de seguro, que si el país utiliza tendrá que pagarlo.
Las finanzas públicas panameñas tienen una enfermedad crónica desde hace más de una década: el presupuesto del Estado creció de 9,763 millones de dólares con un superávit fiscal, en el 2009, a uno por 24,192.4 millones de dólares, con un gigantesco déficit fiscal en este año 2021.
La situación financiera panameña no es única. Para el año 2018, antes de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimaba que una parte importante de las economías de los Estados caribeños estaban ahogadas en sus finanzas públicas por el peso de sus deudas estatales.
Para abril del 2020, el grupo de las 20 economías más desarrolladas del mundo acordó ofrecerle a los países más pobres del planeta, una suerte de moratoria para el pago de sus deudas, pero los afligidos países se negaron a invocar el mecanismo por miedo a que las agencias calificadoras y los mercados financieros internacionales rebajaran el valor de sus deudas a la categoría de basura, y no pudiesen obtener financiamiento en buenos términos.
La enorme presión económica que genera la pandemia de la Covid-19 ha roto los bolsillos de casi todas las economías del planeta, obligando a la adquisición de monstruosas cantidades de deuda externa para fondear la planilla estatal, los servicios públicos, la asistencia económica a los sectores más afectados por la pandemia, y al pago del servicio de la deuda.
En otras palabras, se está contratando deuda, para pagar gastos urgentes y amortizar la deuda anterior. Este esquema no es sostenible.
Las raíces de una propuesta
En 1989, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos Nicholas Brady propuso un mecanismo para resolver la crisis de la deuda externa de los países latinoamericanos, convirtiéndola en bonos negociables con una fecha de expiración de muy largo plazo y a una tasa de interés variable.
La idea era que al reducirse el pago del servicio de la deuda, los países tendrían más fondos para invertir, y así crecer sus economías.
Por razones ideológicas del gobierno republicano al que pertenecía Brady, se le puso como condición a los países deudores que cumplieran con un plan de ajuste estructural, que a la larga implicaba el desmantelamiento de los gobiernos, el aumento de los impuestos, y propició la crisis política que le abrió las puertas al chavismo y a la propuesta del “socialismo del siglo XXI”.
Paralelo, a la iniciativa de Brady, se fue desarrollando un esquema que convertía deuda externa en fondos para financiar actividades ambientales. Esto se llamó canje de deuda por naturaleza. La conmovedora idea combinaba la redirección de fondos públicos que irían a dar a bancos, hacia proyectos comunitarios y al reforzamiento de la protección ambiental.
Aunque se hicieron este tipo de proyectos en todos los continentes del mundo, las cantidades involucradas nunca fueron suficientemente significativas para cambiar la tendencia destructiva de los países beneficiados. Aunque Panamá ha sido parte de tres canjes de deuda por naturaleza (Fundación Natura, Fondo Chagres y Fondo Darién), la presión y las amenazas ambientales son inmensamente mayores.
En el año 2009, en medio de la crisis financiera que sacudía al mundo, se desempolvó la idea de canjear deuda externa para enfrentar los desafíos del cambio climático. El proyecto no fue muy lejos, porque las grandes potencias estaban concentradas en rescatar a sus sectores financieros, y se dieron el lujo de apostar a una postergación de la iniciativa. En el año 2018 la Cepal empezó a recomendar abiertamente la adopción del mecanismo de canje de deuda para ayudar a los países más vulnerables del Caribe a enfrentar los efectos del cambio climático.
Se alinean las estrellas
Desde el punto de vista de las políticas ambientales globales, el año 2021 tiene una gran particularidad, ya que coinciden transiciones políticas con el combate a la pandemia, y el aumento de la conciencia de la opinión pública internacional acerca de la inminente catástrofe global que implica desatender la crisis climática en curso.
Aunque parece prematuro decirlo, antes de fin de año, los países desarrollados habrán vacunado a su población para alcanzar la inmunidad de rebaño. El nivel de sensibilidad a los problemas globales es alto, por lo que este es un excelente momento para introducir una agresiva agenda de canje de deuda por acción climática.
En noviembre de este año, se celebrará en Escocia la Conferencia 26 de Las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
La finalidad de la COP26, como se le conoce al evento, es diseñar una arquitectura financiera climática. Sin dinero la gran mayoría de los países que enfrentan serias amenazas por el cambio climático no podrán combatir este fenómeno, ni mucho menos podrán hacer la transición hacia una economía baja en carbono. La clave es convertir deuda externa en dólares para la mitigación, adaptación y resiliencia ante el cambio climático.
La oportunidad de Panamá
Panamá está llamada a aprovechar esta coyuntura. El nuevo presidente de los Estados Unidos Joe Biden firmó el primer día de su gobierno el retorno de su país al Acuerdo de París de Cambio Climático. Además, el primer ministro británico Boris Johnson está empujando agresivamente la agenda de las finanzas verdes. Frente a esto Panamá tiene que actuar con rapidez. No es posible esperar hasta noviembre para negociar lo que ya estaría negociado.
En los próximos meses, la deuda pública de Panamá superará los 40 mil millones de dólares. Para pagarla habrá que pedir más deuda, así como para atender el desafío de la Caja de Seguro Social, y la recuperación económica post pandemia.
El primer paso para cambiar esta ecuación, es convocar a un pequeño grupo de países latinoamericanos con el mismo problema: Costa Rica, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Panamá. Todos estos países comparten una situación crítica de las finanzas públicas, y una gran vulnerabilidad al cambio climático. Se puede esbozar una posición común de solicitar el refinanciamiento de toda la deuda externa, y de conversión de la mitad de la misma en inversión para la acción climática.
Aunque los montos son importantes para nuestros países, son poco significativos para los países más desarrollados. Esto le daría a Biden y a Johnson una victoria rápida y muy simbólica que le serviría para sus propios caudales políticos.
Mientras que el grupo de países líderes de la propuesta ganarían prestigio, capacidad de negociación y eventualmente muchos fondos para su propio desarrollo sostenible. Ese puede ser el gambito de Panamá.