Un día, luego de muchos años de sacrificio, trabajo, y ahorro, Juan se levanta para ir a retirar fondos de su cuenta de ahorros. Al llegar a la caja, la persona que lo atiende le dice “Disculpe Señor Juan, su dinero ha sido embargado por mandato del gobierno y se ha utilizado para cubrir parte de lo adeudado a otras personas.” Sin dinero, y sintiéndose traicionado por el gobierno, Juan se retira del establecimiento, pensando en qué podrá hacer ahora por su familia.
No, no es una historia de terror totalmente ficticia. Es la realidad que pudiésemos vivir, tú, yo, y cerca de 700,000 otros ciudadanos si no se respetan sus ahorros en el Subsistema Mixto (SM).
La Ley 51 del 27 de diciembre del 2005 es clara. “Las sumas depositadas en la cuenta de ahorro personal de cada asegurado en el Subsistema Mixto y sus réditos son propiedad de este…”. A su vez, líneas más adelante, se señala que “[e]stos recursos no son gravables por impuesto alguno, ni son embargables… y no podrán otorgarse como garantía de ningún tipo de obligación.” Al ver esta realidad, siquiera pensar en unificar los subsistemas de IVM de la CSS sería no solo violar la ley, sino que sería robarle el futuro a los ahorristas que pertenecen al SM y que, con el sudor de su frente, han logrado honradamente irse preparando para su jubilación.
El no reconocer lo establecido en la Ley 51 crearía un precedente funesto. El gobierno pudiese, cuando así lo considere y sin respetar la seguridad jurídica, el estado de derecho, y la institucionalidad, embargarle el dinero, activos financieros, propiedades, y similares, a cualquier persona. En este caso, sería tomar el dinero de los ahorristas que se encuentra en la CSS, so pretexto de “rescatar” el fallido y deficiente Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD), pero a futuro estaría libre de hacer lo mismo con cualquier cuenta, en cualquier entidad, bajo la circunstancia que sea, para cubrir la irresponsabilidad, falta de transparencia, y hasta dolo por malversación de fondos, que consideren sea lo más oportuno los políticos de turno, ante una crisis social. Esto le jugaría en contra a los planes del gobierno de atraer mayor Inversión Extranjera Directa y fomentar el emprendimiento local. ¿Quién le garantizaría a los inversionistas y emprendedores que sus contratos, inversiones, ahorros, y empresas serían respetadas por un ente que no respetó el ahorro de sus ciudadanos?
Como mencioné en el artículo “Rescatando Nuestras Pensiones: por un país con solidaridad real” publicado por este medio el pasado 3 de febrero, el SEBD es insostenible y contamos con una hoja de ruta para reformar nuestro sistema de pensiones de manera holística. Aquí vale la pena resaltar que, a diferencia de lo que ha mencionado Rafael Chavarría del CONATO sobre que países que instituyeron privatizaciones en sus sistemas de pensiones los han echado para atrás, la realidad que muestra la data del Melbourne Mercer Global Pension Index, que mide distintos esquemas de pensiones a lo largo del mundo con base en cuan adecuados, sostenibles, e íntegros son, y la OECD en su reporte “Pension Markets in Focus 2019”, es que se ha impulsado aún más el cambio de programas de beneficio definido, como el SEBD, hacia aquellos de contribuciones definidas (similares al SM), con una participación cada vez más importante del sector privado en el manejo de los fondos.
La pregunta, entonces, es qué debemos hacer para afrontar el agujero que presenta el SEBD, el cual se ha visto agravado por la actual pandemia del Covid-19. Responder esta pregunta, sin conocer a detalle la situación financiera real de la CSS sería poco prudente. Lo primero que se debe hacer es saber con cuanto dinero se cuenta, hacer las proyecciones de por cuanto tiempo durará este, y luego buscar analizar, implementar, y monitorear las soluciones. Una junta técnica actuarial es la que, una vez se revisen los números, podrá dictaminar qué tipo de medidas, sean paramétricas o no, deben implementarse. Sin embargo, esto no impide que se vayan pensando desde ya posibles soluciones.
Tal y como sugerí en el artículo previamente mencionado, el gobierno puede realizar mayores aportes al SEBD. El dinero provendría de la reducción del gasto público en rubros no esenciales, la eliminación de las “botellas”, y el compromiso por parte del gobierno de destinar, por un período de tiempo fijo, un porcentaje específico del ITBMS para el SEBD. Igualmente, esto debe ir acompañado de la separación de los programas de salud y de IVM de la CSS y la respectiva unificación del sistema de salud público (Minsa y CSS). Esto conllevaría ahorros de redundancias, mayor cobertura y eficiencia para los asegurados, y que cada entidad maneje con prioridad los temas que les competen.
Definitivamente hay otras alternativas que se pondrían sobre la mesa, como emitir deuda para cubrir el agujero, y/o aumentar los impuestos – particularmente el ITBMS - para conseguir nuevos fondos. Este tipo de medidas hay que revisarlas con mucho cuidado y suspicacia. Por un lado, el emitir deuda simplemente causaría un efecto de patear la lata. Esto nos daría más tiempo, pero eventualmente nos encontraríamos la lata nuevamente y habría que decidir qué hacer con ella. “Hipotecar” el futuro de nuestros hijos y nietos no solo es poco prudente desde la perspectiva financiera, sino que altamente inmoral. A su vez, incrementar los impuestos probablemente causaría una desaceleración en el consumo y, particularmente el ITBMS, tiende a afectar más a las personas de menores salarios. En ese sentido, el 86% de la población empleada se vería grandemente impactada por un incremento en el ITBMS, al ganar menos de $1,500 al mes, según data del INEC a agosto de 2019. Y no olvidemos, ¿qué garantías tenemos de que estos nuevos fondos se utilizarían para lo que supuestamente se tiene previsto? Si no hay estado de derecho, seguridad jurídica, institucionalidad y transparencia, quedaremos en una situación igual, o peor, de la que ya enfrentamos.
El autor es financista, especializado en gestión de riesgos y seguros.
