El impacto acumulado en el presupuesto general del Estado en tres vigencias fiscales a causa de leyes especiales que establecen aumentos automáticos para determinados grupos de funcionarios, asciende a $906 millones.
Así lo mostró el Ministerio de Economía y Finanzas para señalar que este es uno de los compromisos que inciden en la inflexiblidad del presupuesto, ya que se trata de ajustes que se deben cumplir, limitando así el espacio para el gasto de inversión.
En las cuentas de 2022, cuyas vistas presupuestarias ya iniciaron en la Asamblea Nacional, se contemplan aumentos por $200 millones, que se añadirán a los aprobados en 2020 ($504 millones) y 2021 ($202 millones).
Esta circunstancia coincide con un momento crítico para las finanzas públicas, con déficits fiscales abultados debido a la caída de ingresos a consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia, una economía que se contrajo 17.9% en 2020 y un deuda pública que se disparó en el último año hasta un 68.9% del producto interno bruto.
En esta coyuntura, varias voces señalan que los aumentos automáticos se deberían congelar hasta que la situación económica y fiscal se recupere, para no seguir presionando las finanzas públicas.
