La Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González, archivó provisionalmente una investigación que seguía a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell.
Se trata de una denuncia relacionada con las declaraciones que dio Porcell el 19 de julio pasado, en las que acusó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de querer “desmantelar” las fiscalías anticorrupción, luego de que personal de esa entidad policial que colabora con las fiscalías fuera enviado de vacaciones.
Estos movimientos, según lo que planteó la procuradora en su momento, afectaba casos de alto perfil relacionados con el uso de fondos del Estado, como el de los sobornos de Odebrecht; el de los fondos de Pandeportes; el de las juntas comunales y el de las planillas de la Asamblea Nacional, entre otros.
La denuncia contra la procuradora Kenia Porcell fue interpuesta por los abogados Roniel Ortiz, Sherly Castañeda y Jessica Canto, del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), así como por el jurista Kevin Moncada.
Los denunciantes advirtieron que la procuradora presuntamente había incurrido en los delitos de simulación de hecho punible contra los servidores públicos [de la DIJ] y abuso de autoridad.
El sustento
Sin embargo, el procurador de la Administración, Rigoberto González, concluyó en Resolución del 11 de septiembre pasado que no había delito por los hechos señalados en la acción legal.
Respecto al supuesto abuso de autoridad, González sustentó que las declaraciones de Porcell no revisten carácter delictivo y, más bien, su actuación fue apegada a la Constitución Política y tuvo como fin atender asuntos inherentes a funcionarios que responden a otros niveles jerárquicos dentro de la estructura orgánica de la institución que ella dirige.
“...Solo a ella le era atendible ejercer esa función como la jefa máxima de la entidad, y para ello la Carta Magna le exige ese comportamiento, en el ánimo de cuidar el correcto desempeño de los fiscales y auxiliares –como los agentes de la DIJ– en el tema estrictamente de la investigación”, agregó el procurador González en la resolución.
Sobre lo planteado por los abogados denunciantes en cuanto a que presuntamente Porcell bloqueó el acceso en las fiscalías a 15 agentes de la Dirección de Investigación Judicial, el procurador concluyó que “la información sensitiva que manejaban las unidades de la DIJ, desde hacía más de 4 años, debía ser sometida a la discrecionalidad de la reserva por parte del Ministerio Público”.
Días después de sus declaraciones, la procuradora Porcell se reunió con el ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, y con parte de su equipo de trabajo, incluyendo el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, y el director de la DIJ, Manuel Castillo.
En agosto pasado, los agentes de la Dirección de Investigación Judicial regresaron a sus puestos de trabajo en las distintas fiscalías anticorrupción.