Pese a que la Asamblea Nacional culminó sesiones ordinarias la semana pasada, en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales, quedan pendiente ocho denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los recursos datan en su mayoría de 2016, y señalan a los magistrados Harry Díaz, José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega. Entre julio de 2016 y octubre de 2017, el Órgano Legislativo archivó 21 denuncias contra magistrados de la Corte. Durante ese periodo la Comisión de Credenciales de la Asamblea ha estado presidida por los diputados del Partido Panameñista Jorge Alberto Rosas y Luis Eduardo Quirós.
Miembros de la sociedad civil cuestionan el poco trabajo de los diputados de la Comisión de Credenciales en este aspecto, y afirman incluso que se comprueba una vez más, que entre diputados y magistrados existe un acuerdo para no investigarse los unos a otros.
'COMISIÓN INCUMPLE FUNCIONES'
Pocas expectativas tiene la sociedad civil de que la Comisión de Credenciales y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional analice las ocho denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reposan en esa instancia legislativa (ver gráfica).
Aseguran, por ejemplo, que estos recursos correrán la misma suerte de las 18 acciones legales contra magistrados que fueron archivadas cuando el diputado panameñista Jorge Alberto Rosas presidió esa comisión [2016-2017]. De hecho, durante el periodo legislativo que acaba de finalizar [julio- octubre de este año], la comisión liderada por el también oficialista Luis Eduardo Quirós descartó otras tres denuncias contra magistrados.
Seis de estos recursos señalan al magistrado Harry Díaz, mientras que en otras dos se pide investigar a José Ayú Prado, presidente de la Corte, acciones legales en las que también se apunta a sus colegas Luis Ramón Fábrega y Hernán De León.
En la lista de denuncias figura la que presentaron siete querellantes, entre ellos Balbina Herrera, en el caso que le sigue la Corte al expresidente Ricardo Martinelli por la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones. Piden que se procese a los magistrados Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, luego de que funcionarios de sus despachos viajaran a Miami, Estados Unidos, el 29 de agosto pasado con la finalidad de notificar al exmandatario de una audiencia dentro del proceso que le sigue el máximo tribunal por supuesta extorsión en perjuicio de la empresa italiana Impregilo S.A. La audiencia fue solicitada por Fábrega, quien actúa como fiscal de este caso, pero los denunciantes afirman que el pedido de audiencia no fue autorizado por el magistrado Díaz, juez de la causa.
También figura una querella interpuesta por los magistrados Ayú Prado, Hernán De León y Fábrega, contra su colega Harry Díaz. En el recurso piden que se procese a Díaz por supuestas faltas a las normas de transparencia e integridad, por presuntamente infringir un artículo de la Ley 53 de 2015, que regula la carrera judicial. Aportaron copia de una entrevista que dio Díaz a un canal de televisión en la que habría confirmado la injerencia del expresidente Martinelli en la Corte.
Asimismo, aparece una denuncia presentada en abril pasado por Marcos Manjarrez en contra los magistrados Hernán De León, Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, integrantes de la Sala Cuarta de Negocios, por supuesto abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Manjarrez, quien estuvo en la cárcel por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, acusa a los magistrados de dilatar el proceso para obtener su indoneidad para ejercer la abogacía.
CRÍTICAS
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, organización que en el pasado denunció a Ayú Prado, De León y Fábrega por los viajes al exterior, recurso que también fue archivado, es uno de los que considera que la Comisión de Credenciales “incumple con sus funciones”.
“Creo que la ciudadanía en general, ya no espera nada de ellos [los diputados], porque todo lo que les llega lo archivan sin ningún tipo de investigación. Ellos buscan la forma de no enfrentar su responsabilidad de investigar”, argumenta.
Para Juan Diego Vásquez, de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, las acciones de los diputados mandan un mensaje claro: “el poco importa”. Y añade que son pocas las comisiones que procuran darle debate a los proyectos que allí reposan. Vásquez, uno de los que promueve una iniciativa legislativa para que los delitos relacionados con corrupción no prescriban, manifiesta también que la Comisión de Credenciales “ha sido experta en perder tiempo y faltar a su rol constitucional y legal”.
“Sorprende cómo, teniendo una justicia tan cuestionada, y en un país en donde todos claman ‘no a la impunidad’, pocos actúan para luchar contra la corrupción. Si no entienden su rol, o no les interesa cumplirlo, que renuncien”, advierte.
Otro que se suma a las críticas por el trabajo de la Comisión de Credenciales es el politólogo Richard Morales. Es de los que piensa que entre los diputados y magistrados de la Corte, existen “pactos de complicidad e impunidad, por lo que ninguna denuncia contra los magistrados va a prosperar”. “Ambos órganos están subordinados a los mismos intereses”, advierte y luego plantea que por eso “la Asamblea archivará cualquier denuncia contra un magistrado, a menos que busquen expulsar a algún magistrado que no resulte manejable”.
El diputado Quirós, presidente de la Comisión de Credenciales, asegura que estas denuncias son analizadas por los diputados en conjunto con sus asesores. Añade que si algunas fueron rechazadas es porque no cumplían con la documentación requerida.
El artículo 160 de la Constitución establece que la Asamblea conocerá las denuncias contra magistrados de la Corte, mientras que el artículo 155 de esta carta política dice que los diputados son procesados por la Corte.