El Observatorio del Sistema Judicial de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) exigió a la Asamblea Nacional entregar toda la información solicitada por la Contraloría General de la República para auditar los fondos de las planillas manejadas por los diputados.
Gabriel Barletta, presidente de la Cciap, dijo que el Observatorio –en su último informe– llama a la Asamblea a que respete y cumpla el artículo 280 de la Constitución, que establece las funciones de la Contraloría General.
Observatorio pide que se respete a la Contraloría
El Observatorio del Sistema Judicial hizo un llamado a las entidades del Estado a que respeten y den estricto cumplimiento a normas constitucionales, en particular al artículo 280 de la carta política que señala las funciones de la Contraloría General de la República.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), la Comisión de Justicia y Paz, y la Universidad Santa María La Antigua (USMA), que elaboraron el informe, concluyeron que “la Asamblea Nacional debe acatar lo dispuesto en el artículo 280 de la Constitución ... y entregar la totalidad de la información que la Contraloría General de la República le requiera, con el fin de investigar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos”.
La Contraloría ordenó en mayo pasado una auditoría a la planilla 080, que contiene los contratos del personal de confianza de los diputados, pero la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, no lo permitió e interpuso un amparo de garantías constitucionales ante la Corte contra la acción del contralor Federico Humbert. La Corte no ha resuelto el recurso.
El informe del Observatorio agrega que tan pronto la Contraloría pueda establecer, con base en sus análisis, la posible comisión de un delito por particulares o por funcionarios, debe presentar las denuncias respectivas ante las autoridades que sean competentes según el caso.
Además, plantea que estas investigaciones tienen que extenderse a cualquier institución o departamento administrativo del Gobierno, en los que se sospeche puedan haberse dado malos manejos, sin perjuicio de que se siga ejerciendo el control previo y posterior de los actos de manejo de fondos públicos y otros bienes del Estado.
Insta a las autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público a que investiguen celosamente los hechos presuntamente delictivos que les reporte la Contraloría, con el fin de determinar responsabilidades y recuperar recursos de la Nación.
El exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Guillermo Márquez Amado, quien hizo la presentación del informe, aseguró que en un año preelectoral se hace necesario garantizar que los fondos públicos no sean utilizados para fomentar el clientelismo político, como ha ocurrido en otras ocasiones en la historia reciente del país.
Márquez Amado dijo que para que se ocurra lo anterior debe haber un estricto cumplimiento de las normas legales vigentes, como el artículo 280 de la Constitución.
Sobre este punto, el presidente de la Cciap, Gabriel Barletta, dijo que la Asamblea debe publicar en detalle la planilla 080, para conocer cómo se utilizan sus fondos en aras de la transparencia.
“Hacemos énfasis en normas jurídicas que deben ser respetadas y de estricto cumplimiento”, expresó Barletta.
Denuncia a diputados
Mientras que la Corte asignó al magistrado Abel Zamorano la ponencia de la denuncia presentada por el contralor contra la diputada de Cambio Democrático (CD) Marylín Vallarino por la contratación de ocho personas como colaboradores que, al mismo tiempo, laboraban en la empresa Agencia de Aduanas Sellhorn, S.A., en la que Vallarino aparece como su presidenta y el secretario es su esposo y suplente, Agustín Sellhorn.
Mientras que el magistrado Oydén Ortega será el ponente de la denuncia presentada por Humbert contra el diputado del Partido Revolucionario Democrático Felipe Vargas, también por el nombramiento de personal en la Asamblea.
Protesta en la Corte
Mientras que el Movimiento de Jubilados y Pensionados Victoriano Lorenzo y la organización No a la Reelección hicieron una protesta ciudadana en las escalinatas de la Corte para exigir que se pronuncie con respecto al amparo de garantías que presentó la presidenta del Legislativo contra la auditoría a la planilla 080.
“La planilla 080 ya se sabe y está en los medios que hay un grupo de individuos que no se les puede llamar diputados, sino ladrones, porque se han robado los fondos del Estado”, dijo José Luis Moreno, vocero del grupo.
“Nosotros no estamos pidiendo hacer justicia por justicia, los magistrados tienen que fallar y decirle a la Asamblea que la Contraloría tiene que entrar a examinar todos los expedientes y denunciar a quienes han cometido irregularidades”.