Luego de tres semanas, finalmente las bancadas de la Asamblea Nacional (AN) llegaron a un consenso para que el proyecto de ley No. 245, que permite la delación premiada en el sistema inquisitivo, entre otras cosas, pudiera ser aprobado en segundo debate el pasado 8 de febrero.
Sin embargo, para Armando Medina, responsable de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), este atraso ha paralizado el intento del Ministerio de Gobierno de eliminar el hacinamiento en las cárceles nacionales.
Hasta la fecha, 16 mil 578 personas están recluidas en los 20 centros penales de todo el territorio nacional, siendo su capacidad para un total de 14 mil 150 personas.
Esto representa un porcentaje de ocupación del 117% y uno de hacinamiento del 17.2%.
Medina explicó que el objetivo de este proyecto en septiembre de 2015, año en el que fue presentado por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, era introducirlo antes de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial (septiembre de 2016) con la intención de que se utilizaran las figuras contenidas en la iniciativa para disminuir el hacinamiento. Por ejemplo, evitar la dilación en las audiencias.
Según Medina, actualmente existen al menos 10 mil personas en espera de una sentencia, ya sea porque estas apelaron y su caso se encuentra en el Tribunal Superior, están en juicio o simplemente carecen de uno.
Aseguró también que hay personas que llevan hasta ocho años a la espera de una sentencia.
Asimismo, para el director de la DGSP la “extensa” discusión del proyecto los está retrasando con la aplicación de los programas de reinserción sociolaboral.
Una de las normas que se establece en la iniciativa es que las personas detenidas preventiva o provisionalmente pueden inscribirse en programas educativos y sociolaborales, no obstante la legislación penal y penitenciaria del país solo se lo permite a aquellos que ya estén condenados.
“Estas personas no pueden acceder a los programas intramuro, y esto es parte esencial para combatir la corrupción (…) al final del día se vuelven ociosas”, indicó Medina.
El director de la DGSP hizo referencia al trabajo remunerado de los privados, algo que también está contemplado en el proyecto de ley, y afirma que es “muy importante” que se comience a aplicar.
Actualmente, la legislación panameña fija que el reo tiene dos opciones cuando labora: recibir salario o conmutar la pena. El 98% de la población penitenciaria elige la segunda alternativa. “Cuando eligen solo conmutar la pena hablamos de una violación al derecho fundamental, que es recibir un pago por lo que se hace”, dijo.
Se tiene previsto que hoy en la Asamblea Nacional se discuta en tercer debate el proyecto de ley.