El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, se defendió ayer de la demanda presentada ante la Asamblea Nacional en contra de él y de sus colegas Hernán De León y Luis Ramón Fábrega por supuestamente incumplir la Ley de Carrera Judicial.
La denuncia, interpuesta el martes pasado por activistas de la Alianza Ciudadana pro Justicia, señala que los magistrados –todos miembros de la junta directiva de la CSJ– nombraron de manera “arbitraria” a más de 600 funcionarios subalternos de juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial para la implementación del sistema penal acusatorio sin tener facultad para ello y desatendiendo ex profeso el procedimiento determinado en la Ley de Carrera Judicial.
“El artículo 558 del Código Procesal Penal está vigente, a menos que los que están detrás de esa denuncia sepan algo que yo no sé”, respondió Ayú Prado, al tiempo que afirmó desconocer el contenido de la acción en su contra.
El citado artículo dice: “hasta tanto se aprueba la Ley Orgánica de la Administración Judicial y la Ley del Servicio de Defensa Pública, el pleno de la CSJ, mediante resolución, adoptará las reglas de reorganización de los Juzgados de Juicios, los Colegios de Jueces, la Oficina Judicial y la Defensa Pública”.
“El personal está nombrado interinamente hasta que consigamos los fondos para la implementación de la carrera judicial”, reiteró el presidente de la Corte.
Tras las declaraciones de Ayú Prado, la secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo, declaró: “Es increíble. Según el artículo 558 del Código Procesal Penal, [Ayú Prado] está facultado para nombrar a todos los funcionarios. Es decir, que el artículo 558 está por encima de lo que dice la Constitución y de lo que dice una ley posterior, como es la Ley de Carrera Judicial”.
Según Castillo, “el problema es mucho más grave”, por cuanto la denuncia se centra en la designación de los funcionarios subalternos de los juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial (Panamá, Panamá Oeste, Darién, Colón y las comarcas indígenas Guna Yala, Madungandí y Emberá).
“Hay otros nombramientos ilegales, como fueron los nombramientos de jueces y magistrados que hizo el pleno de la Corte. Nosotros solamente nos enfocamos en los 600 nombramientos de subalternos, que fue lo más ridículo que pudieron hacer, pero la denuncia podríamos ampliarla. Lo que ha hecho la Corte es algo sin nombre”, agregó.
A los jueces y magistrados los designó el pleno de la Corte, y al personal subalterno la Sala Cuarta.
“Lo que hicimos fue dejar constancia histórica del análisis de la violación a la Constitución y la ley que han hecho estos tres señores, que han pisoteado y siguen pisoteando la Ley de Carrera Judicial y la Constitución”, concluyó Castillo.