Los enfrentamientos que se registraron en Bocas del Toro durante el año 2010, entre trabajadores de la provincia y agentes de la Policía Nacional debido a la “ley chorizo”, dejaron secuelas que hoy todavía aquejan a muchas personas.
Aquella vez, cientos de personas resultaron heridas con perdigones de plomo por todo el cuerpo, lo que actualmente les genera dolores “insoportables”, según ellos mismos lo definen.
Jacinto Quintero, presidente del Movimiento 8 de Julio, cuestionó ayer la atención médica que reciben más de 200 personas que sufrieron heridas de perdigones en aquella protesta.
Para estas personas, la Caja de Seguro Social (CSS) puso en funcionamiento una clínica con un médico general y una enfermera, pero -cuenta Quintero- los afectados requieren especialistas, ya que muchos perdieron la visión y tienen perdigones incrustados en el cuerpo.
El informe que maneja este movimiento, el cual defiende los derechos de los pacientes, es que del total de los heridos, unos 82 reciben una pensión mensual de $800 establecida por ley, debido a que no pueden trabajar.
El resto recibe una pensión de $200, que es revisada cada tres años por una comisión de salud para determinar si la persona después de ese tiempo mejoró o empeoró. En este último caso pasará a recibir la de $800.
Según Quintero, algunos de sus compañeros tienen entre 10 y 100 perdigones en todo el cuerpo, los cuales no han podido extraerse después de ocho años de ocurridos los enfrentamientos .
“Pese a que hay una clínica con un médico general, la atención es bastante limitada. Muchos de nuestros agremiados tienen infecciones y sufren de dolores”, dijo el activista, que manifiesta que también hace falta una trabajadora social.
Además, expresó que muchas veces no hay medicamentos en las farmacias de la CSS en esa provincia, lo que los obliga a tener que comprar medicinas que les cuestan más de $20.
“Ellos no trabajan por los efectos de las heridas en su cuerpo y ojos. Otros ni siquiera ven, es decir, están completamente ciegos. Con esa pensión deben velar por sus familias y el cuidado de su salud”, expresó.
De eso da cuenta Armando Baker, uno de los heridos durante las protestas, quien dice que los perdigones afectaron varios de sus órganos como el hígado, los riñones y los intestinos. “No es fácil vivir con el plomo en el cuerpo”, puntualizó.
Baker, quien recibe la pensión de $800 porque no puede trabajar, explicó que se les hace “difícil” mantener a sus familias y a la vez comprar medicamentos.
Los avances
Rigoberto Wong, director regional de la CSS en Bocas del Toro, y coordinador de la comisión médica que da seguimiento a este grupo, dijo que la mayoría de los que atienden tienen secuelas.
“Lo que evitamos es que su estado de salud se complique”.
Wong expresó que hace una semana nombraron a un oftalmólogo, pero cuando no hay la especialidad que los pacientes requieren, los remiten a Panamá.
El médico reconoció que a la clínica le falta personal de apoyo, como un trabajador social, el cual ya solicitaron, sin embargo, resaltó que la institución está haciendo lo posible por mejorar la condición de esta población.
“Ellos tienen dolores y adormecimiento con frecuencia por los perdigones de plomo en su cuerpo. Quizás hay una que otra dificultad por la atención especializada que quisieran tener, pero la entidad les está dando respuesta”, concluyó.
De hecho, la clínica Comité para afectados del 8 de julio de 2010 fue creada por la actual administración mediante la Ley No. 144 de mayo de 2015.
La normativa
Dicha normativa estableció la creación de una comisión de seguimiento para la atención integral de las víctimas de estos hechos, que estará adscrita al Ministerio de la Presidencia.
En este grupo estarían todas las instituciones de gobierno responsables del cumplimiento de las medidas adoptadas, como la CSS y el Ministerio de Trabajo, así como dirigentes de las víctimas y sindicatos de trabajadores afectados.
También creaba la pensión vitalicia de $800, así como una comisión médica con oficinas en Bocas del Toro, responsable de brindar todas las atenciones de salud, medicamentos y tratamientos requeridos por las personas afectadas.
Una lección
Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y quien presidió una comisión para investigar los hechos en aquel momento, subrayó que luego de estos años cualquier reclamo que hagan los afectados es “justo”, debido a las secuelas de las heridas.
“Pienso que esto es una lección para el país, sobre que el uso de la fuerza indiscriminada no es lo mejor y debe existir un balance en el control de las protestas. En esa ocasión los ataques fueron a corta distancia”, recordó .