La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestó ayer “sumamente preocupada” por el agravamiento de la situación en Venezuela, especialmente por la utilización de la justicia militar para juzgar a civiles y por la aplicación de mecanismos militares para el control de manifestaciones y protestas.
A través de un comunicado –el quinto que emite desde que comenzaron las protestas en abril pasado–, la CIDH advirtió sobre el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia.
Asimismo, señaló que “el uso de la jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles implica la violación de una serie de derechos, como el derecho al juez natural, y desnaturaliza las garantías judiciales de manera transversal en todo el proceso, lo cual tiene graves consecuencias en la vigencia del Estado de derecho”.
El comunicado cita palabras del presidente y relator para Venezuela, comisionado Francisco Eguiguren, quien instó de manera “urgente” y “enfática” al gobierno de Nicolás Maduro a cesar el procesamiento de civiles en la jurisdicción militar, por participar en protestas y manifestaciones, al ser contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos.
En cuanto al Plan Zamora, la CIDH urge al Gobierno a no utilizar esta operación militar para el control de las protestas, así como a “abstenerse de utilizar civiles armados para el control de manifestaciones”.
El pronunciamiento de este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) se fundamenta en el más reciente reporte de la fiscal general Luisa Ortega y oenegés.
Al presentar un balance de las actuaciones del Ministerio Público (MP), el pasado 24 de mayo, la fiscal informó que efectúan siete investigaciones por uso de la justicia militar en casos que corresponden a la justicia ordinaria y que había solicitado que declinaran la competencia a los tribunales penales de dos casos. También señaló que había remitido una comunicación a la fiscal militar para que se le informe el número de procesos y detenidos, ya que quieren verificar su estado de salud.
Las estadísticas de la fiscal parecen estar aún lejos de la realidad. La oenegé Foro Penal Venezolano, que asiste legalmente, de forma gratuita, a todos los detenidos durante las manifestaciones, actualizó ayer la cifra de personas detenidas y presentadas ante la justicia militar. El directivo Gonzalo Himiob informó a través de su cuenta de Twitter que 350 civiles han sido presentados ante los tribunales militares, de los cuales 187 han quedado presos a orden de la justicia militar.
En declaraciones al diario El Universal, Himiob señaló que a los detenidos se les está aplicando una legislación que no les corresponde, el Código Orgánico de Justicia Militar, que establece los procedimientos y sanciones a militares activos de la Fuerza Armada Nacional (FAN), cuando los civiles deben ser juzgados de acuerdo con el Código Penal.
Entre el 1 de abril y el 24 de mayo, el Foro registra 2 mil 815 personas arrestadas en el marco de la aplicación del Plan Zamora (en sus fases uno y dos), de las cuales mil 264 siguen detenidas, muchas de ellas por participar en las protestas.
Según las oenegés de defensa de los derechos humanos venezolanas, los delitos que se les están imputando a los civiles son traición a la patria, rebelión, instigación a la rebelión, extracción de efectos pertenecientes a la FAN y ataque al centinela, que consiste en supuestos ataques de manifestantes a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.
“Esto evidentemente es una maniobra para garantizar que queden privados de su libertad durante los procedimientos”, dijo Himiob al diario.
El pasado 15 de mayo, a través de un comunicado, la oenegé Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) recordó que en 2012 se empezó a aplicar la justicia militar contra la protesta social: “Ese año cinco sindicalistas y cinco indígenas, además de un estudiante, fueron procesados por los delitos de ‘ultraje al centinela’ y ‘violación de zonas de seguridad”. Detalló que entre 2012 y 2016 unas 100 personas se encontraban procesadas por esta jurisdicción, “entre ellas amas de casa que discutieron con guardias nacionales en las colas por comprar comida y algunas personas detenidas en Operativos de Liberación del Pueblo [redadas de seguridad] en una clara aplicación de la justicia militar a los más pobres. Igualmente se aplicó a dos activistas políticos, entre ellos el diputado Gilber Caro”, este último en prisión desde el pasado 11 de enero y considerado preso político por el Foro Penal.
Mientras, la oposición fue reprimida ayer nuevamente durante una manifestación con la que intentaban pedir a los militares que respeten la misión que les encomienda la Constitución. Medios locales reportaron entre las decenas de heridos en Caracas al diputado Carlos Paparoni, quien recibió el impacto de una “metra” lanzada desde los agentes del orden en una pierna.
En tanto, el MP confirmó que imputará a tres policías por la muerte de otro estudiante (22 años) en el estado Bolívar, y que investiga la muerte de Manuel Sosa (33), quien fue herido de bala durante una manifestación en Barquisimeto, estado Lara, con lo que se eleva a 57 la cifra oficial de muertos.