Una faceta hasta ahora desconocida del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal ha llegado al escritorio de Edwin Torres, el juez de Miami que examina la solicitud de extradición del exgobernante a Panamá, para que responda por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional durante su mandato.
La defensa de Martinelli —que hoy cumple 15 días detenido en Miami— introdujo en la Corte del Distrito Sur de la Florida 5 notas suscritas por residentes de Miami, que pretenden ponderar la “compasión” e “integridad” del expresidente —entre otras virtudes—, con los sectores más vulnerables.
Entre las notas destaca la de Bruce Michael Bagley, profesor de Estudios Internacionales de University of Miami, “ experto en política latinoamericana” y —según él—“consultor” del Gobierno panameño en cuatro de los cinco años del mandato de Mireya Moscoso.
Bagley defiende la concesión de un asilo político a Martinelli, ya que —a su modo de ver— fue un cercano colaborador del Departamento de Justicia estadounidense, específicamente de la Guardia Costera y la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y uno de los “socios” más valiosos de la administración de Barack Obama (2009-2017) en la región centroamericana. Advierte que, como consecuencia de eso, Martinelli es ahora un perseguido político de quienes gobiernan Panamá y una víctima de la falta de institucionalidad e independencia del sistema de justicia.

“En mi opinión profesional, si a Martinelli se le niega asilo en Estados Unidos y es forzado a regresar a Panamá, no podrá evitar la persecución política y recibir un juicio justo”, remarca Bagley.
La Prensa escribió a Bagley para conocer más sobre sus apreciaciones, pero no atendió el requerimiento.
Martinelli presentó su solicitud de asilo político en julio de 2015; hace 3 meses, acudió a una entrevista con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. El juez Torres no tiene relación con el proceso migratorio, y su única función es decidir si la solicitud de extradición cumple con los requisitos establecidos en el tratado bilateral firmado en 1904 por Estados Unidos y Panamá, y otros convenios multilaterales refrendados por ambos países.
Las otras cuatro notas presentadas a la Corte las suscriben Alberto Osorio, Adriana Gallego, Alfred Santamaría y Leonor Linero. Los cuatro utilizan similar formato y extensión, y se despiden utilizando la misma oración: “Si tiene alguna duda, por favor, contácteme”. Se desconocen las generales de los dos primeros. Linero y Santamaría se presentan como directiva y voluntario de Family Builders USA Foundation, que apoya programas de familias inmigrantes hispanas.
