Los miembros de la Red Ciudadana Urbana llevaron a cabo una protesta ayer en el corregimiento de San Francisco contra el Municipio de Panamá, por entregar permisos de ocupación a construcciones que, según ellos, violaron varias normas.
Tal es el caso del P.H. Scala, en Bella Vista, al que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia le declaró ilegal el estudio de impacto ambiental, así como al Santa Elena Strip Mall, en San Francisco, al que se le suspendió provisionalmente la resolución No. 389-2014 de 23 de junio de 2014, que cambió la zonificación de esa área.
En una nota, la Red Ciudadana Urbana advirtió de que observan con “profunda preocupación” que las autoridades están “relajadas” con las normas que deben cumplir las empresas promotoras, desde el momento en que se plantean los proyectos inmobiliarios.
Una situación que aseguran se agrava con la ausencia de supervisión durante la construcción y al momento de otorgar los permisos de ocupación, lo que se traduce en un “atentado” contra la calidad de vida de la población.
Su presidenta María Chávez denunció que están “secuestrados” por las autoridades, debido a que existe un engranaje político que está afectando los intereses ciudadanos, así como el crecimiento y ordenamiento del país.
Mientras, Neir González, también miembro de esa organización, aseguró que hay una violación de las normas urbanas que afecta a varios sectores de la ciudad.
González explicó que como comunidad solo queda organizarse, porque los fallos de la Corte Suprema de Justicia “quedan en letra muerta”.
“Nos queda organizarnos, crecer en números, porque las autoridades no nos representan para nada”, aportó.
Por su lado, el alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, señaló que en los dos años y medio han llevado a cabo avances, como la competencia de ordenamiento urbano a nivel local, que pasó del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial al Municipio de Panamá.
Además, sostuvo que hay una mayor fiscalización alcaldicia a los proyectos en construcción, al punto que el monto recaudado por multas se duplicó, aunque no precisó una cifra.
A la vez señaló que las comunidades protestan por proyectos que tienen uso de suelo y permisos otorgados antes de su administración; es decir, que son remanentes de un sistema que está por desaparecer.
Agregó que entiende el malestar de los residentes de estas comunidades, pero no puede actuar de hecho solo para satisfacer sus reclamos.
Indicó que en el caso de calle Bambú, “hay casas allí que se tomaron la servidumbre, eso es parte del problema”.
De la misma manera, expresó que el terreno en mención tenía la zonificación para construir edificios, al igual que las propiedades de los vecinos y otras alrededor. Cuando inició este gobierno, ya tenían planos aprobados, sostuvo.
Mientras que en el caso del PH Scala, Blandón dijo que hicieron lo posible, pero el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia era sobre el estudio de impacto ambiental y no tiene efectos retroactivos.
Aseguró que así lo dejó claro tanto la Procuraduría de la Administración como el Ministerio de Ambiente, a los cuales consultaron antes de emitir el permiso de ocupación.