El Tribunal de Casación –la más alta instancia de la justicia italiana– confirmó la condena de culpabilidad de Valter Lavítola por ser vehículo de extorsión del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, dirigida en contra de la empresa italiana Impregilo, a fin de que esta financiara un hospital pediátrico en Veraguas.
En las motivaciones jurídicas de la sentencia, los jueces ratifican que la promesa de Impregilo de sufragar la construcción del mencionado hospital, con más de 20 millones de dólares –a cambio de la adjudicación de las obras del Metro (línea 1)– era “un modo enmascarado e indirecto” para ofrecer coimas al expresidente Martinelli, a través del empresario Rogelio Oruña, vinculado a otro gran contratista del Estado panameño: IBT Group.
En el auto, al que tuvo acceso este diario, se detalla que Lavítola recibió de Impregilo $70 mil, con los que pagó unas vacaciones de lujo de Martinelli y otros acompañantes, entre ellos, Aurora Muradás, en la isla italiana de Cerdeña, en agosto de 2011.
El dinero fue transferido por Impregilo de manera oculta y fuera de la contabilidad ordinaria, a una cuenta en el extranjero de Lavítola.
Valter Lavítola, convicto por ser vehículo de extorsión de Martinelli.
Si bien las conclusiones evidencian que Lavítola ejerció “una actividad persuasiva rigurosa y completa”, el tribunal no ve claro que en el momento de las amenazas estuvieran reunidas “no menos de dos personas”. La cancelación de esta circunstancia agravante ha provocado que el tribunal revisase, a la baja, la pena que en primera instancia era de tres años de prisión para Lavítola.
La resolución judicial detalla que la justicia italiana ha adquirido “complejos y variados elementos probatorios que aparecen unívocamente convergentes” que estipulan que Lavítola se consolidó como intermediario entre Italia y Panamá a través de “prácticas corruptivas”.
Las interceptaciones telefónicas son clave en el sumario judicial. En la conversación grabada el 8 de agosto de 2011, Lavítola deja claro a Rogelio Oruña –considerado por los magistrados italianos como la caja registradora del hoy detenido expresidente–, “la determinación de Martinelli de dar a la prensa declaraciones perjudiciales contra Impregilo en relación a las obras en curso de la realización del Canal de Panamá”.
Cinco días después, en otra interceptación –el 13 de agosto de 2011– Lavítola le espeta a Oruña: “Tienes que negociar tú [con Impregilo]… Mandar un correo diciendo que los precios [del hospital] son estos, la modificación es esta, el valor es esto y que tú estás cansado de que te dicen que lo hacen y no lo hacen [...]. ¿Me estás entendiendo? Te lo pido, por favor, mira que después tendremos un problema con Martinelli”.
Estas conversaciones validan ante los jueces italianos que la iniciativa de amenazar a Impregilo surge del expresidente Martinelli. Pero la regulación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), de la que es firmante Italia, incapacita a las autoridades del país transalpino de imputar a jefes de Estado extranjeros implicados en casos de corrupción internacional.
Por ello, en julio de 2015, la Embajada de Panamá en Italia remitió a la Cancillería de Panamá toda la documentación judicial sobre las actividades delictivas de Lavítola que –según fallos judiciales– se fraguó parcialmente con la complicidad de Martinelli, para que la justicia panameña juzgara estos casos.
Pero, en febrero de este año, el magistrado Luis Ramón Fábrega ordenó archivar provisionalmente la investigación seguida a Martinelli por su supuesta implicación en la extorsión a Impregilo.
No obstante, dejó abierta la posibilidad de reabrir el caso. “La presente causa podrá ser reabierta en el evento que de la respuesta de la asistencia judicial remitida a Italia se evidencien elementos que permitan continuar con la investigación o de darse nuevos elementos que permitan a este Despacho Fiscal ordenar la reapertura de la causa y continuar con el trámite correspondiente”, sentenció.
Este proceso por corrupción internacional cometida en Panamá fue la primera condena a Lavítola, quien firmó un pacto con la fiscalía por este caso.
Otro proceso
Mientras tanto, en Nápoles continúa abierto, sin avances, el juicio por el presunto desvío de $20 millones en la frustrada construcción de cuatro cárceles modulares en varias localidades de Panamá por parte de la empresa Svemark, y un presunto sobrecosto de $26 millones.
En diciembre del año pasado, el Gobierno de Panamá revocó su participación como parte civil acusatoria en este proceso.
El caso Finmeccanica –que se ocupaba del intento de desvío de unos $25 millones en coimas destinadas al entorno del expresidente Martinelli, según las diligencias judiciales– quedó impune por haber prescrito, tras más de tres años de juicio oral. El conglomerado aeroespacial y de defensa italiano se vio obligado a cambiar de nombre tras el escándalo de corrupción en Panamá.