La defensa de Nicolás Corcione Pérez Balladares advirtió ayer de que su cliente no puede ser indagado en la investigación que le sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión de blanqueo de capitales debido a que es miembro de la junta directiva del Canal.
El empresario y directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Nicolás Corcione Pérez Balladares no acudió a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que lo había citado ayer a rendir indagatoria en el proceso por presunto blanqueo de capitales a través de cuentas ligadas al encarcelado exmagistrado Alejandro Moncada Luna.
La defensa de Corcione Pérez Balladares presentó un escrito ante el fiscal Nahaniel Murgas en el que alega que este no tiene competencia para indagar a su cliente, por su condición de miembro de la junta directiva de la ACP.
Roberto Moreno, abogado del empresario de la construcción, invocó el artículo 40 del Código Procesal Penal, que dice que los directores de entidades autónomas serán juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conforme al sistema procesal penal. En otras palabras, si él [Murgas] hace esa indagatoria, es nula”, dijo el abogado.
El fiscal Murgas debe responder el escrito al abogado sin términos de plazo.
PRECEDENTE
Fuentes judiciales explicaron que los magistrados de la CSJ han formulados fallos contradictorios en torno a que si los directores de entidades autónomas pueden ser procesados por la justicia ordinaria o por la Sala Segunda. Sin embargo, uno de los más recientes avalaría la competencia del fiscal para investigar a directores de entidades autónomas.
Tras el escándalo en 2006 por el envenenamiento masivo con dietilene glycol, el Ministerio Público abrió una investigación contra varios directivos de la Caja de Seguro Social -también autónoma- entre ellos: Francisco Bravo, Guillermo Puga, Lastenia Canto, Manuel de Jesús Tajú, Erasmo Muñoz, Roberto Valencia y José Preciado.
En un fallo de mayo de 2012, el Segundo Tribunal Superior Penal los sobreseyó a todos, pero por considerar que, a pesar de que sabían que los medicamentos se elaboraban en condiciones de peligro de contaminación y envenenamiento, no tenían responsabilidad operativa. Es decir, nunca se cuestionó la competencia del fiscal.