La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un amparo de garantías constitucionales que pretende dejar sin efecto la aprehensión provisional del helicóptero matrícula N1626L, ligado a Luis Enrique Martinelli Linares –hijo del expresidente Ricardo Martinelli–, dictada por la Fiscalía Especial Anticorrupción como parte de la investigación por los sobornos pagados por Odebrecht a través de bancos suizos.
La acción de amparo fue admitida el pasado 29 de mayo por el pleno de la Corte, en una decisión que tuvo como ponente al magistrado Hernán De León.
El recurso, que busca revertir la providencia del 30 de marzo de 2017 emitida por la Fiscalía Especial Anticorrupción sobre el caso Odebrecht, fue interpuesto por el abogado Carlos Carrillo Gomila, en nombre y representación de Aircraft Trust & Financing Corp. Trustee.
El helicóptero N1626L está a nombre de la sociedad Silver Wings Corp., y fue incluido en el fideicomiso a nombre de Aircraft Trust & Financing Corp. Trustee, con sede en Wilmington, Delaware, Estados Unidos.
En horas de la tarde de ayer, Carrillo acudió al Ministerio Público a realizar diligencias para que se acatara de forma inmediata el fallo de la Corte y anunció que la fiscalía debería devolver el bien.
Ante esta situación, la fiscalía emitió un comunicado, en el que señaló“que en el mandamiento del amparo no se ha dispuesto la devolución del bien”.
Fuentes de la Corte respaldaron esta posición y explicaron que, aunque el amparo fue admitido, todavía se debe esperar un fallo de fondo sobre el pedido de la defensa.
Precisaron, además, que la fiscalía no podrá ordenar nuevas acciones contra el bien aprehendido hasta que el pleno dicte dicho fallo de fondo.
El helicóptero fue puesto a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas.
La fiscalía informó que el 31 de mayo pasado remitió un informe a la Corte, en el que solicitó que no se conceda el amparo y sustentó que la aprehensión del bien se basó en la Ley 23 del 7 de julio de 2004, mediante la cual fue ratificada la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Palermo, Italia.
Asimismo, la fiscal Tania Sterling señaló que en el expediente se acreditó que el helicóptero “fue pagado a los hermanos Martinelli en uno de los casos con cuentas que son objeto de investigación en otra agencia de instrucción por el delito de blanqueo de capitales, recordando de igual forma que el seguro de la nave es pagado en nuestro país siendo la corredora de seguros precisamente la madre de los imputados”.
La fiscal agregó que “tratándose de un delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, es la persona o entidad afectada a quien corresponde acreditar la procedencia lícita del bien... En la presente causa ni Silver Wings Corp., ni Aircraft Trust & Financing Corp Trustee han acudido al despacho a efectos de acreditar esa inversión de carga”.
La aeronave fue aprehendida en Tapachula, estado de Chiapas, México, el pasado 31 de marzo, luego de que la fiscalía así lo solicitara a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. El 2 de abril, la fiscalía recibió la nave, que desde entonces es custodiada por el Servicio Nacional Aeronaval.
Fue Evelyn Vargas Reynaga, abogada de los Martinelli y sus empresas –también está imputada en el caso– quien dio pistas a la fiscalía sobre el helicóptero.
